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Por: Ulahy Beltrán López

Las palabras del Ministro de Salud:

Todo empezó iniciando el presente mes de junio. En plena pandemia por el COVID-19, el miércoles 3 de junio y durante una sesión virtual de la Comisión Segunda del Senado, el Ministro de Salud Fernando Ruiz, al denunciar un supuesto mal manejo de ventiladores en unidades de cuidados intensivos del país, pronunció unas desafortunadas palabras al asegurar que había “un incentivo en muchos hospitales y clínicas particulares para mantener pacientes en áreas de cuidado intensivo más allá del tiempo que se necesita”.

Obviamente, este pronunciamiento de la cartera de salud no fue de buen recibo entre diferentes actores del sector salud en este país, como la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (AMCI), la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), el Colegio Médico Colombiano (CMC) y la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos (Fecolmed), entidades que emitieron un comunicado en el que expresaron  su total rechazo ante las declaraciones hechas por el Ministro Ruiz, llamándolas ligeras, generales y que propiciaban un clima de desconfianza que podía impactar negativamente la oportunidad de la atención y provocar además un efecto emocional adverso y de zozobra en el equipo sanitario, como efectivamente ocurrió más adelante.

Incluso, días después, al dar declaraciones en un medio local, por mi parte sostuve que a pesar de esas desatinadas e infundadas palabras del Ministro Ruiz, “la ciudadanía no puede perder su confianza en las unidades de cuidados intensivos (UCI) de las clínicas privadas y de los hospitales públicos, ni tampoco en los médicos que manejan esas unidades”. 

La crisis pandémico-financiera de las IPS públicas y privadas:

Desde antes de la pandemia tanto la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), como el gremio que agrupa únicamente a hospitales públicos (Asociación de Empresas Sociales del Estado, ACESI), han venido sosteniendo que la deuda histórica del sistema de salud colombiano con ellos, especialmente a partir de las acreencias no pagadas por las EPS del contributivo y del subsidiado, están por el orden de por lo menos los 15 billones de pesos. 

Esa crisis financiera histórica de clínicas y hospitales en Colombia fue una de las principales razones que motivó a la ACHC a requerirle al Gobierno Nacional y a las Comisiones Séptimas del Congreso, se estableciera una remuneración a las entidades hospitalarias que tuvieran capacidad instalada y que no estaba siendo utilizada para permitir que estuviera disponible para atender la fase crítica de la pandemia de COVID-19, ya que el alistamiento que habían generado preparándose para este momento de la pandemia, había reducido significativamente los ingresos a estas instituciones y había incrementado las dificultades económicas del sector hospitalario.

Sin embargo, esa solicitud no fue atendida por el ejecutivo, instalándose la llamada “crisis pandémico-financiera del sector hospitalario colombiano”, y que tiende a agravarse, al igual que lo ocurrido en otros países que ya han visto como clínicas y hospitales colapsan cuando la curva del coronavirus sube: las camas no alcanzan, el personal no da abasto y los elementos esenciales comienzan a escasear.

Cifras que no cuadran:

La Superintendencia Nacional de Salud publicó su más reciente “Informe de Flujo de Recursos de EPS”, que se realiza con base en los reportes que deben realizar cada mes las propias EPS. En dicho informe se indica que de los giros que hizo el Gobierno nacional a las EPS, el 72 %, a su vez, ha sido girado a las IPS. 

En dicho informe se alcanza a leer que «entre marzo y abril, la mayoría de las EPS tuvieron ingresos por $8.7 billones, de los cuales cerca de $8.3 billones se destinaron en su mayoría a pagar servicios prestados por IPS, profesionales de la salud y proveedores de insumos y medicamentos». Además el ente de control agrega que lo anterior «demuestra que los giros que reciben las EPS por parte del Gobierno nacional están siendo destinados, en un 95 %, al pago de su red de prestadores y demás componentes de la cadena de salud».

El citado informe dice que «al acumular las cifras y saldos de los meses de marzo y abril de 2020, se encuentra que las EPS para las cuales hay información disponible han recibido por ingresos por UPC, UPC adicional, cuota moderadora y presupuesto máximo (incluyendo el anticipo del mes de mayo) un valor de $8.7 billones«. Hay una aseveración en dicho informe sobre los recursos dispersados por las EPS a las IPS que atienden a sus afiliados que dice que «específicamente, en cuanto a las IPS de naturaleza pública y privada por los meses de marzo y abril se observan pagos que en el agregado ascienden a los $6.3 billones«, dicho en otras palabreas, el 72 % de lo que han recibido las EPS. 

Sin embargo, ni las IPS privadas ni las públicas aceptan haber recibido todos esos recursos que manifiesta la Superintendencia Nacional de Salud que en esa cuantía fue pagada por parte de las EPS y menos en esa proporción que registra el informe del total de los recursos recibidos por las EPS.

Un remedio que fue peor que la enfermedad:

La semana anterior se conoció un acto administrativo generado por el Ministerio de Salud, la Resolución 914, que estableció el valor de referencia que las EPS deben pagar a las IPS por servicios en unidades de cuidados intensivos (UCI) y unidades de cuidados intermedios para la atención de pacientes con COVID-19, tal vez para regular lo que el Ministro Ruiz llamó en su momento el supuesto incentivo que estaban recibiendo los hospitales y las clínicas particulares al mantener pacientes en áreas de cuidado intensivo “más allá del tiempo que se necesitaba”.

Estos valores de servicios fijados en la citada Resolución, se aplicarán cuando no haya un acuerdo de voluntades entre el asegurador al que está afiliado el paciente y el prestador que atiende al paciente en su UCI.

El valor día para cada tipo de unidad se determinó así: $ 1’715.690 para atención en unidad de cuidados intermedios para adultos, $ 2’373.400 para UCI de adultos, $ 1’778.992 para unidad intermedio pediátrica, $ 2’160.780 para UCI pediátrica y $ 2’702.027 para UCI neonatal. Se menciona en la Resolución que dichos valores tendrán descuentos cercanos al 10 por ciento para estancias de 10 días y más.

Establece también que una vez se confirme que el usuario requiere los servicios UCI, se ordena que la EPS deberá anticipar el 50 por ciento del valor, ya sea el pactado con la IPS o lo contenido en las tarifas de la resolución.

Lo que muestra la realidad de esas tarifas y el lógico inconformismo de las IPS

Esta Resolución 914 definitivamente no cayó nada bien dentro del gremio de hospitales y clínicas, sector que manifiestan que con la  crisis financiera en curso, además de la cesación de muchos servicios en medio de la pandemia, ahora “deben enfrentar ahora tarifas impuestas que están muy por debajo de lo que hoy cuestan las atenciones”.

A través de sus diferentes voceros, los prestadores públicos y privados han manifestado su total desacuerdo con la medida adoptada por el Gobierno Nacional, tal y como se evidencia en las declaraciones entregadas por estos voceros a un diario de circulación nacional.   La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), a través de su Director General Juan Carlos Giraldo, ya le solicitó al Ministerio de Salud hacer un replanteamiento completo de la Resolución, pidiendo la modificación de la mayoría de sus componentes.


Giraldo es específico al decir que “el concepto de precio máximo en lugar de establecer un referente va a generar múltiples tarifas bajo ese techo; es decir, incrementará innecesariamente trámites y conflictos entre EPS e IPS”, y agregó que “el establecer descuentos sobre el valor inicial a los 7, 10 y 15 días desconoce que en esta patología no se disminuye la intensidad de la intervención en ningún momentoy mucho menos en pacientes complicados que requieran larga estancia”.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado (ACESI), a por intermedio de su Directora Ejecutiva Olga Lucía Zuluaga, aseguró que esta metodología de generar tarifas de referencia muy por debajo de lo que se venía facturando a las EPS cuando no existían contratos no solo va en contra de la estabilidad financiera de los hospitales, sino que no compensa estar con la capacidad instalada en espera del pico máximo de pandemia. Nos preocupa que los recursos están quedando en más EPS”.

Un directivo de una clínica incluso mencionó que la tarifa diaria de UCI planteada por la Resolución 914, de $2’373.000, “no sería suficiente para cubrir el costo de este tipo de atención, porque, según lo observado en las últimas semanas, el valor diario promedio oscila entre $ 3’400.000 y $ 4’300.000”.

La crítica más fuerte vino sin embargo por parte de Julio César Castellanos, Director del Hospital Universitario San Ignacio, quien a pesar de haber estado invitado varias veces por el Presidente Iván Duque en su programa diario sobre cómo vá la pandemia en Colombia, realizó un fuerte cuestionamiento a la Resolución. Castellanos dijo que “no se entiende cómo el Ministerio de Salud, que no ha logrado dar la liquidez adecuada a los hospitales, que no generó un pago por la disponibilidad y ampliación de capacidad, que en vez de señalar culpables de unas supuestas malas prácticas lanza una sombra de duda sobre el quehacer de todos, ahora expide una resolución a todas luces desenfocada y mal orientada.

Para Castellanos esta medida además de fijar tarifas inferiores a los costos de operación, “supedita la clasificación de la atención al resultado de una prueba de laboratorio (PCR), cuando los pacientes críticos se atienden en razón a su condición clínica”, y agregó que “premia a las malas EPS” porque “las EPS que no tienen contrato, que generalmente no pagan a entidades de alta calidad, les hace más barata la atención forzada por urgencias”.

Lo que viene ante la “desenfocada” medida del Gobierno:

Los prestadores manifiestan que “no está claro de dónde salió la información que usó el Ministerio para armar la resolución”, que además, “con esta medida se deterioran aún más las finanzas del que hace todo el esfuerzo por mejorar continuamente”. Por ello, personas como el Director del Hospital Universitario San Ignacio, anunció que va iniciar acciones “para corregir este grave error del Ministerio”, como una solicitud de la revocatoria directa al Ministerio y una demanda “tan pronto abran los juzgados”.

Conclusión:

Las IPS las cuestionó el Ministro de Salud, provocando dudas sobre ellas al advertir que en las UCI se estarían dejando pacientes más días que los que debían permanecer allí, para facturar más. La billonaria deuda que tienen con ellas no se las quieren pagar, tampoco les pagaron lo que le pidieron al Gobierno como remuneración a las entidades hospitalarias que tuvieran capacidad instalada y que no estaba siendo utilizada para permitir que estuviera disponible para atender la fase crítica de la pandemia de COVID-19. La Superintendencia Nacional de Salud informa que de lo recibido por las EPS, éstas pagaron más del 70% a las IPS, lo que se desmiente por parte de las clínicas privadas y los hospitales públicos. Fuera de eso, sin saberse a ciencia cierta con base en qué información, el Ministerio les fija a las IPS unas tarifas para la atención de los pacientes en cuidados intensivos y cuidados intermedios que resultaron ser muy por debajo de lo que hoy cuestan las atenciones, siendo una medida que premia a las EPS que no pagan por calidad en los servicios ni con oportunidad sus acreencias, por lo que anuncian lasa IPS acciones jurídicas contra la misma.

Nota: El contenido de este artículo, es libre, espontáneo y de completa  responsabilidad del Autor. Ulahy Beltrán López

Médico Cirujano, Especialista en Gerencia de Servicios de Salud y Especialista en Seguridad Social Latinoamericana. Ha sido: Vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), Consejero Nacional, Departamental (Atlántico) y Distrital (Barranquilla), de Seguridad Social en Salud, miembro de juntas directivas de IPS privadas y de empresas sociales del estado, asesor en salud de la Contraloría General de la República, docente universitario, columnista en medios impresos y virtuales, consultor y asesor en servicios en salud, gerente del Hospital Universitario CARI ESE.