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Por: Jairo Eduardo Soto Molina

 “La sociedad está bien ordenada cuando los ciudadanos obedecen a los magistrados y los magistrados a las leyes” — Solón filósofo político ateniense de la antigüedad -638 – -558 a.C.

No había querido escribir sobre el tema, pero dada la solicitud de innumerables amigos, no solo de la Universidad del Atlántico, sino de la academia, de la vida, de la política, del deporte, en fin, de distintos ámbitos como los comunicadores donde tengo grandes amigos y hasta me habían pedido declaraciones y solo se las he dado a uno solo. Por el manejo serio que les da a los temas. Quienes me conocen bien saben que he cambiado gradualmente, desde hace un año casi no toco temas de la UA, me avergüenza que en otras instituciones se enteren de lo que por acá sucede. A pesar de que no es una generalidad, la vulgaridad y la falta de respeto y decoro son altisonantes y se esparcen como verdolaga en playa. Los WhatsApp, correos electrónicos y paginas sociales como Facebook e Instagram sirven para difamar y manchar la imagen institucional. Estoy muy de acuerdo con algunos colegas que firmaron un documento como comisión evaluativa para la acreditación. La verdad es que, si fueron comisionados institucionalmente, no hay derecho para que sean tratados de esa manera.

Frente al tema que nos atañe es bien claro que vamos a hacer una excelente argumentación en el recurso de apelación ante el Consejo de Estado, para tumbar ese fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo del Atlántico, con ponencia del magistrado, Eduardo Cerra Jiménez.

Hay que resaltar que Danilo Hernández es profesor tiempo completo de la universidad, es un servidor público que no es de libre nombramiento y remoción, cuando se desempeñó como vicerrector estaba en comisión y estando en esta situación administrativa fue elegido para ejercer la representación de las directivas académicas en el consejo superior. Es un servidor público académico, que por Comisión de servicio «presta sus servicios profesionales» en el área administrativa. «El acceso al cargo público» que se debe discutir no es el del funcionario público demandado sino la desprotección que ello implica en un Estado Democrático para «acceder a un cargo» público en desventaja frente a un competidor que antes de un año ha pasado por un Consejo Directivo, con todo el desequilibrio en la competencia del concurso que ello genera; esta es la razón de ser de la inhabilidad.

Tratándose de una inhabilidad, lo que menos cuenta es el origen jurídico del funcionario público (si es contratista o si su nombramiento tiene origen legal o reglamentario); lo esencial es el hecho de que ese funcionario público hizo parte de un Consejo Directivo, y esto le permitió conocer situaciones que no conocen los demás, tener privilegios que no tienen los demás (está probado que participó en una reforma estatutaria ilegal para que lo habilitara como candidato), manejar el  poder en la institución que no tienen los demás (se hizo nombrar vicerrector y con ello incurrió en la práctica corrupta de la puerta giratoria, como lo estableció un juez de la República), lo cual genera un desequilibrio y unas ventajas a su favor frente a otros competidores, afectando gravemente el derecho constitucional de igualdad en el acceso a la función pública, cuando hay concurso de por medio. La finalidad de la inhabilidad es proteger la democracia, y si se trata de un «funcionario público», de suyo, es taxativa, independientemente de su origen jurídico: fungió como miembro de Consejo Directivo, punto. Esto último es suficiente para configurar la inhabilidad.

En ningún caso la ley puede constituir coartada contra sí misma, para atropellar su propia finalidad, con una interpretación acomodada a intereses particulares. Aquí el Tribunal aplicó la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el nombramiento del gerente de EPM, en una situación completamente diferente, porque allá no se escoge el presidente mediante concurso o convocatoria pública donde hay méritos y participación democrática. La naturaleza de EPM es de empresa industrial y comercial del estado, es decir, 100% de capital público.

La Ley 30 de 1992 contiene una serie de disposiciones referidas al régimen laboral y vinculación de los funcionarios de las universidades públicas u oficiales. Así, respecto de las directivas universitarias, la Ley señala lo siguiente: I) El artículo 64, en su parágrafo segundo, establece que el período de permanencia en el Consejo Superior, de los miembros contemplados en el literal d) del citado artículo, son fijados por los estatutos orgánicos II) El rector debe ser designado por el Consejo Superior universitario. Los estatutos deben regular lo referente a dicha designación, así como los requisitos y calidades para acceder al cargo. Quienes laboran en las universidades públicas se dividen en tres grandes grupos: a) miembros directivos, b) personal docente y c) personal administrativo (la rectoría hace parte del sector administrativo que depende del Consejo Superior, lo que está prohibido en la Constitución).

Como lo señaló el doctor, WELFRAN DE JESUS MENDOZA OSORIO, Procurador 15 Judicial II ante el Tribunal Administrativo del Atlántico. Las inhabilidades e incompatibilidades, comoquiera que limitan la libertad y los derechos de las personas, son de origen constitucional y legal; (…), además, se consideran previstas en un régimen jurídico imperativo y de orden público (ius cogens), razón por la cual no son disponibles por acuerdo o convenio de las partes […]». Las inhabilidades e incompatibilidades, comoquiera que limitan la libertad y los derechos de las personas, son de origen constitucional y legal; (…), además, se consideran previstas en un régimen jurídico imperativo y de orden público (ius cogens), razón por la cual no son disponibles por acuerdo o convenio de las partes […]».

La autonomía universitaria no es un principio absoluto, pues tiene como límite el orden constitucional como el legal. Ciertamente, el propio artículo 69 de la Carta Política establece que las universidades podrán darse sus propias directivas y regirse por sus propios estatutos “de acuerdo con la ley”.

De esta manera, estaremos presentando la apelación ante el Consejo de Estado antes del plazo previsto. Esto es como en el fútbol un primer tiempo. En 3 o 4 meses aproximadamente tendremos un nuevo Fallo. Desde esta perspectiva, que no pudo ver el Tribunal, estoy seguro que este Fallo no será confirmado, y más bien será revocado y el fallo de segunda instancia atenderá a las juiciosas consideraciones, esas sí, del Ministerio Público, quien representa a la sociedad.

Citas al cierre:

“Los países libres son aquellos en los que son respetados los derechos del hombre y donde las leyes, por consiguiente, son justas” — Maximilien Robespierre abogado, escritor, filósofo, orador, político francés 1758 – 1794

 “Las leyes son como las telarañas: los insectos pequeños quedan atrapados en ellas, los grandes las rompen” — Anacarsis filósofo escita

Tomémonos un tinto, seamos amigos, Sigan siendo felices Jairo les dice.

Nota: El contenido de este artículo, es libre, espontáneo y de completa responsabilidad del Autor. Jairo Eduardo Soto Molina, Profesor de tiempo completo titular, investigador 1279 (80), Doctor en ciencias Humanas, Par académico MiniCiencias-MEN