Telatiroplena.com, periodismo serio, social y humano
Por: Jorge Vergara Carbó
En el día de ayer, usted dio unas declaraciones a la emisora La W, que dirige el periodista Julio Sánchez Cristo, la cual escuché con detenimiento y leí lo que trascribieron sus periodistas. Me gustaría escucharlo en mi programa radial de la cadena La Libertad para que conversemos sobre el tema. Porque me llama la atención que usted haya decidido pronunciarse sobre el contrato de la SAE con la empresa de Alumbrado Público de Barranquilla, donde el Distrito posee el 65%, de sus acciones, justamente dos horas antes, de la realización de la asamblea de la Triple A, que tenía como objetivo escoger su junta directiva, bajo el esquema de la nueva participación accionaría que después de la compra de las acciones a la SAE, quedará así: Distrito 74%, William Vélez y sus empresas 23%, y alrededor de 5.000 accionistas, el 3%. Cuando se constituyó la empresa Triple A, en el año 1.991, la participación del Distrito era del 85%, después mediante el proceso de capitalización el Distrito fue perdiendo poder, hasta llegar a poseer solo el 14.6%, de las acciones. Como puede ver, nunca ha tenido el 100%, y tampoco necesita tener el 100%, para controlar la empresa.
Usted fue nombrado por el Decreto 1771 del 26 de agosto del 2022, y se posesiono el 1 de septiembre del mismo año, es decir tiene en el cargo tres meses y 27 días, tiempo igual al director de la SAE, y trascurrido ese tiempo ,en forma extraña espero hasta el último momento para dar unas declaraciones sin fundamentos técnicos y jurídicos, dado que no mostro documento alguno que sustentara sus palabras, por ello, me asalta la duda, de cuál es la verdadera intención suya al impedir que se realizará la asamblea de accionistas, para con ese acto poder finiquitar el negocio, y entrar el Distrito a manejar la empresa, sin la presencia de la SAE. Lo otro que extraña, es que la entidad que hizo el negocio, no haya salido a desmentirlo.
De acuerdo a sus declaraciones me da la impresión, que usted no conoce a fondo la historia de la creación de la Triple A, y su evolución en el tiempo., como su situación antes de la declaración por parte de la Fiscalía de la extinción de dominio sobre el 82.16%, de las acciones de la concesión que tenía INASSA en la empresa Triple A, por cobros ilegales que hiciera esa empresa por una suma cercana a los $286.000 millones, de un contrato de “gestión Administrativa” que no se prestó, y le reconocía el 4.5%, de las ventas totales. La misma prensa española, para su conocimiento se pronunció sobre los malos manejos de parte de los españoles en la Triple A. Declarando su propio expresidente que nunca prestaron esa asesoría técnica, pero que las pagaron puntualmente. Esto es tan cierto, que en uno de mis escritos demuestro claramente que, durante 10 meses, la empresa Triple A, no conto con la participación administrativa de ningún español, y a pesar de ello, cobraron la “Asesoría Técnica”
El juicio de extinción de dominio continúa, algún día el juez fallará bien a favor de la Nación o en contra, pero tendrá que fallar. Tal como lo establece la Ley, la Fiscalía entregó esas acciones a la SAE, para que las administrara dé tal forma que la prestación del servicio no se afectara´, y así procedió nombrando un gerente en propiedad, como a la junta directiva de la empresa.
Creo, que usted se extralimito en sus funciones al pedirle al secretario de la Triple A, a través de un medio de comunicación como la W, de que suspendiera la asamblea de accionistas, al igual que nos imaginamos presiono al director de la SAE, para que no se presentara a la asamblea. Extralimitarse en sus funciones, está tipificado como delito en nuestra constitución en su “ ARTÍCULO 6º.- Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.». De acuerdo al manual de funciones su cargo se encarga de “La Secretaría de Transparencia es una dependencia misional del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Su objeto es el de asesorar y asistir al director de esta entidad en la formulación y diseño de políticas públicas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Como puede apreciar, su cargo no le da ninguna potestad para suspender asambleas o contratos. Lo que le permiten sus funciones es dar traslado a los entes de control o la Fiscalía de presuntos delitos contra la administración pública. En el caso en mención, era lo que tenía que hacer, desde el momento en que conoció de posibles actos de corrupción en la firma de ese contrato, para que los organismos encargados investiguen.
Finalmente, quiero expresarle que la negociación se hizo con base a los fundamentos de ley, aplicables a este tipo de contratos, es decir el artículo 93 de la Ley 1708 del 2014, que le permite a la SAE vender anticipadamente sus activos, y el artículo 8 de la Ley 2155 del 2021, que le permite a la SAE vender directamente a entidades públicas. Este artículo modificó parte del artículo 92 de la Ley 1708 del 2014. En los documentos anexos se explica el proceso de la negociación, como también se dan respuesta a los interrogantes que normalmente se originan en este tipo de contratos. Fue una buena negociación para el Distrito, al quedarse con el 68%, de las acciones de la Triple A, mientras los particulares manejan el 32%. Pero su participación aumentará al 74%, al donarle la familia DAES, su participación en el negocio.
Con relación a lo que usted dice, que se originó un detrimento patrimonial para el Distrito de $400.000 millones, y por ende un peculado por $300.000 millones, por haber vendido en $565.000 millones, cuando sus activos valen $800.000 millones, demuestra desconocer el sistema de valorización de una empresa, que en primera instancia no se vende por el valor de sus activos, sino por el flujo de caja futuro que genere. En segunda instancia debería saber el secretario de Transparencia que en el mundo hay firmas especializadas en este tipo de evaluaciones, y para este negocio se contrataron tres (3) firmas reconocidas en este tipo de trabajos, lo que permitió llegar a fijar el valor de la venta de $565.000 millones. Estas firmas fueron Deloitte Asesores. Consultores Ltda., Gro Wth and Performance SAS, y Bonus Banca de Inversión SAS. La valoración fue tan estricta que tuvieron en cuenta lo de la concesión del municipio de Soledad, por lo que incluyeron un punto de “Earn Out” en el evento de que se continúe con esa concesión, el valor de la venta aumenta, por lo que el comprador deberá reconocerle ese valor a la SAE.
Señor Andrés Idárraga, con sus declaraciones usted le ha causado un daño enorme a la empresa Triple A, como al Distrito de Barranquilla, no solo por los perjuicios financieros que se puedan originar con la banca nacional y la extranjera, sino que dicha información, les ha caído al dedo a los españoles dueños de INASSA, para impulsar su campaña de desprestigio de la empresa a través de varios medios de comunicación a nivel nacional y local, para ellos cuentan con un presupuesto superior a un millón de euros, para presionar tal como lo registraron en el mes de abril los medios españoles, e incluso el periódico El Colombiano.
Espero, que lo antes posible se resuelva este impase, y se convoque lo antes posible una asamblea, para elegir junta directiva y cambiar parte de los estatutos si se hace necesario.
Por otra parte, sería bueno, que así, como dio a conocer el contrato de la Triple A, haga público el contrato del gobierno con la empresa AIRE y AFINIA, contrato que, si es leonino bajo todo punto de vista, por lo que lo invito a que lea mis artículos sobre el tema para que se entere bien de la problemática. Ese contrato tiene entre otras las siguientes irregularidades : a)El gobierno invirtió $ 6 billones y vendió en $700.000 millones, Aire $285.000 millones , b) Los activos tanto que le gustan los registraron en la CREG para aumento de tarifa en $2.4 billones, a la semana de haber comprado, c) le regalaron $2 billones de cartera, que la registran como activo no corriente y que les sirve a parte de recuperar una plata que no era de ellos, sino de Electricaribe penalizar los estados financieros para disminuir las utilidades o presentar pérdidas financieras y por supuesto pagar menos impuestos.
Para completar lo anterior, el ministerio de minas y Energía mediante la Resolución 40272 de octubre del 2020, nos obligó a pagar un 20%, de más por comercialización y 300 puntos por bajo nivel de recaudo. No contentos con eso, la CREG emitió tres resoluciones donde nos forzó a pagar el robo de energía por la ineficiencia de la empresa en una suma que supera los $100 por kilovatio, que pagan en el interior del país. Ambos sobre costos significan que los caribeños pagamos alrededor de $180 por encima de lo que pagan en el interior del país, a pesar de que consumimos nueve (9) veces más que ellos.
Estaremos pendientes de su gestión, y ojalá nos ayude con lo de AIRE y AFINIA ya que no ha sido posible con la ministra Irene Vélez, ni ha sido posible que el presidente Gustavo Petro cumpla con su promesa hecha en Barranquilla de bajar las tarifas onerosas que venimos pagando.
Jorge Vergara Carbó
Barranquilla, diciembre de 2022.
ANEXOS: Para mayor ilustración puede consultar en Google, los siguientes documentos relacionados con Triple A
- El Negocio de la SAE con el Distrito no tiene reversa
- Como queda la composición accionaria de la Triple A
- Algunas Críticas a negociación SAE-Distrito
- Al Oído del presidente Gustavo Petro Aire-Afinia
Nota: El contenido de este artículo, es opinión y conceptos libres, espontáneos y de completa responsabilidad del Autor.
