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Por: Alfredo Felipe Martínez Agamez
Estos países de América Latina y el Caribe, pareciera que no tienen quien los defienda, las tierras, grandes expansiones de terrenos fértiles llenos de vida y de ecosistemas, desaparecen como por arte de magia; la minería ilegal y legal hacen de ellas un verdadero infierno.
Lo que pasa en nuestro Caribe Colombiano, es de verdad preocupante, como los dueños de lo ajeno le echan mano a cuanto terreno encuentran; ¡vemos con asombro! como conglomerados económicos y empresariales, terminan como dueños de grandes extensiones de tierras, que muchas de ellas son terrenos protegidos por lo que ofrecen al medio ambiente, sin embargo, de un momento a otro aparecen con escrituras, con documentos notariales, actas de posesión y cuanto papel hacen ver que las acreditaciones son correctas; hay otro grupo que con armas en mano amedrentan y sacan a propietarios de un terreno en especial y logran su cometido, adueñarse de las tierras.
Este problema de las tierras en nuestra Costa Caribe y en el resto de Colombia, ¡es una cosa de locos!; lo peor es que no existe un Estado que defienda al propio Estado, muchas veces las cosas se hacen con la venia de los entes encargados de velar por la protección y la seguridad.
¡Estupefactos! Vemos como los humedales, ciénagas, espejos de agua, parques naturales, son acabados, matando los pulmones de oxígeno, fuentes de agua natural, vivienda de peces, aves y muchas especies que le dan forma a un ecosistema digno y armonioso.
Es impactante, como se roban los ríos en Colombia y la Costa Caribe; deslumbrante, que empresas multinacionales se apropien de gran parte de terrenos; los delincuentes que hacen minería ilegal ocasionen feroz daño a nuestra fauna y flora; el desplazamiento de campesinos, indígenas y nativos es muy fuerte; en las grandes ciudades como: Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, ya no queda un espacio de tierra, los dueños y empresarios de cementos y construcciones de propiedad horizontal han hecho su agosto y han multiplicado sus fortunas con el guiño ciego, sordo y mudo de las entidades gubernamentales.
Las mafias y carteles, lideradas por grandes magnates de la economía subterránea y legal, con prestigiosos bufetes de abogados, logran quedarse con las mejores tierras y construir todo lo que se les ocurre.
¡El Estado no tiene quien le defienda!, ¡esto es tierra de nadie!, y los politiqueros corruptos que se hacen llamar Padres de la Patria, hacen leyes que prácticamente benefician a muchos hampones en sus distintas manifestaciones.
La excelente ubicación de las ciudades capitales en la Costa Caribe, principalmente Barranquilla y su esplendoroso desarrollo en las épocas de 1900 a 1940, hizo que compatriotas y extranjeros víctimas de la atroz violencia desatada en todo el mundo, y en los años 50 la brutal guerra bipartidista, produjo el éxodo de campesinos de todo el país, de pueblos sin ninguna clase de oportunidades en nuestra Costa Caribe que llegaran a la ciudad capital de Barraquilla, para construir con el auspicio y el interés mezquino de los politiqueros de turno, principalmente el partido Conservador y el partido Liberal, quienes fueron fieles apoyadores de los entornos de miseria y pobreza, y después mediante procesos de legalización capitalizaban un fortín electoral, haciendo que en esta ciudad se creara la práctica del robo de tierras mediante las invasiones.
De 1950 a 1980, la falta de planeación y el desorden administrativo, unido al fenómeno del Bogotazo, crea la explosión de la bomba urbanística sin control, creando un completo desastre urbano que hoy sigue en proporciones gigantescas.
De 1990 a 2024, inicia el gran proyecto armado entre distintos actores: Paramilitares, políticos, narcotraficantes de los carteles, empresarios de la economía subterránea, fuerzas militares y miembros de las entidades estatales, creando fuertes conciertos para delinquir, con el objetivo de apropiarse de todo tipo de tierras y bienes inmuebles.
Hoy, muchos de los procesos judiciales y expedientes, involucran a miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Militares, Fiscalías, Secretarias de Gobiernos, Inspectores de policías, Juzgados civiles y de circuitos, notarias, oficinas de instrumentos públicos y alcaldes municipales, quienes lastimosamente se alían con los delincuentes, conglomerados económicos y la clase politiquera para hacer efectivo y legal las invasiones de tierras, la apropiación o -Despojo- de predios mediante vías de hecho, por violación y falsificación de documentos públicos y privados. La encargada de vigilar el tremendo relajo, es la Superintendencia de Notariado y Registro, y tal parece no tiene dientes fuertes para ladrar y morder a los corruptos y delincuentes.
Para darle un poco de sabor a este pequeño trabajo, anexos apartes de las informaciones condensadas en los ejemplares preparados por el Centro Nacional de Memoria Histórica, quien recopila parte de la historia llena de sangre y dolor en este país y nuestra Costa Caribe colombiana.
“CAPÍTULO I VIOLACIONES SISTEMÁTICAS A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO ATRIBUIBLES AL BLOQUE NORTE 1.1 Despojo de tierras y apropiación indebida de bienes muebles e inmuebles 1.1.1 introducción Los fenómenos del despojo de tierras y la apropiación indebida de bienes muebles e inmuebles fueron elementos fundantes en la estrategia de guerra y de control económico y político del Bloque Norte de las AUC. Estas prácticas fueron el origen, pero también hicieron parte de varias de las formas de victimización contra la población civil en los territorios tales como amenazas, desplazamiento forzado, masacres, homicidios selectivos, tortura, violencia basada en género, entre otras. La complejidad del fenómeno del despojo se ve reflejada también en las diferentes modalidades en las que se materializó, incluso conquistando espacios tanto en la ilegalidad como en la legalidad. La práctica de despojo adelantada por los paramilitares en el norte del país fue funcional a proyectos económicos que requerían el reordenamiento del territorio, como fue el caso de algunos macroproyectos agroindustriales o de actividades extractivas. De allí que las instituciones del Estado y parte de la élite política y 19 LA TIERRA SE QUEDÓ SIN SU CANTO económica de las regiones hayan sido también puntos nodales en la consolidación de la práctica paramilitar del despojo en el Magdalena, Atlántico, La Guajira y Cesar. En el contexto del conflicto armado en Colombia se debe tener en cuenta, además, la dimensión social y cultural de la tierra y del territorio. Al ser un fenómeno que se dio de forma predominante en las zonas rurales de Colombia, el destierro que produce el despojo rompe con el tejido comunitario y la conexión con el territorio. Para el campesinado, la tierra es el eje de su subsistencia y alrededor de la cual se anida su forma de vida. En el caso de las comunidades étnicas, el territorio es además el centro donde se desarrolla su cultura y, por lo tanto, es vital en su conservación hacia el futuro. Por estas razones, el derecho al acceso y tenencia de la tierra está en el corazón de las causas y las disputas que se han dado en el conflicto armado colombiano (CNMH, 2012, p. 65). Colombia es uno de los países con mayor concentración de la tierra a nivel mundial. Los indicadores muestran que la concentración de la tierra en el país aumentó de forma paralela al fortalecimiento del accionar paramilitar, encabezado por las AUC. De acuerdo con el índice GINI nacional sobre tenencia de la tierra, entre 2002 y 2009 hubo un incremento del 2,5 por ciento, especialmente en 2005, en el 57 por ciento del territorio nacional (Ibañez y Muñoz, 2009, s.p.). Temporalmente estos datos coinciden con la consolidación de estructuras como el Bloque Norte, así como la fase de negociación y desmovilización de las AUC. Por su parte, los datos de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado muestran que de las 6.6 millones de hectáreas perdidas o abandonadas registradas entre los años 1980 y 2010, el 79,3 por ciento corresponde al periodo que va de 1998 a 2008 (Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, 2011, s.p.). En el norte del país la concentración de la tierra se ve agudizada por la estructura tradicional de la propiedad rural, que ha privilegiado la tenencia de grandes extensiones en manos de pequeñas élites regionales, lo que a su vez ha dejado en un rezago histórico al campesinado y a pequeños productores rurales. Esto se ha reflejado en una trayectoria importante de los movimientos y luchas reivindicativas sobre la tierra en esta región del país, empezando por los primeros intentos de reforma agraria de los años treinta (Ley 200 de 936), pasando por la Ley 135 de 1961 sobre “reforma social agraria”, hasta las movilizaciones campesinas de los años sesenta, setenta y ochenta. No obstante, de forma paralela a estos procesos también surgieron proyectos de contrarreforma agraria, entre los que se inscribe la práctica de despojo del Bloque Norte (CNMH, 2012). 2” https://centrodememoriahistorica.gov.co/?p=27203
Algunas Fuentes bibliográficas:
La investigación FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN La investigación del despojo de tierras al interior de la Fiscalía General de la Nación 01 PDF (www.fiscalia.gov.co)
La Ley 1448 de 2011 establece un Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas –SNARIV y Restitución Tierras. Esta política pretende convertirse en una solución duradera frente a la crisis humanitaria como consecuencia del conflicto.
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/documentos_bibliotec/ley-1448-de-2011-2/
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9479044
https://www.elnuevosiglo.com.co/ex-funcionarios-agricolas-complices-en-robo-de-tierras
https://www.elheraldo.co/robo-de-tierras
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