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Por: Adalberto Munive Carvajal
“Que la gente pueda opinar no es suficiente,
que pueda actuar es necesario,
y que pueda actuar en aquello que le interese,
en su comunidad, en su barrio, en su municipio…”
Estanislao Zuleta
(Colombia: Violencia, democracia y derechos humanos)
Este domingo 28 de noviembre, se presentó un evento para la participación de la comunidad, en los Organismos de Acción Comunal más importante y de mayor tiempo de vida jurídica en el país. Esto tuvo que ver con las elecciones de dignatarios a los cargos directivos de la junta de acción comunal (JAC) y junta de vivienda comunitaria a nivel nacional.
Después de haber sido aplazado el proceso eleccionario el año pasado, producto de la coyuntura sanitaria que vivía el país con la aparición de la Covid-19, el Ministerio del Interior expide la resolución 1513 el 22 de septiembre, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, emitiendo las directrices y recomendaciones a tener en cuenta con los protocolos de bioseguridad para el desarrollo del proceso electoral de los organismos de acción comunal, el día señalado.
Desde el momento en que surgieron y se institucionalizaron las organizaciones comunales en el país (Ley 19 de 1958), estas han desempeñado un papel importante en el desarrollo de sus regiones y localidades. Por tal motivo, no podemos soslayar, en calidad de ciudadanos, asumir este compromiso democrático y de organización cívica, social y comunitaria, ya que son las mismas comunidades las que deben comprometerse, liderando las alternativas de cambio, promoviendo la búsqueda del bien común, para un mejor bienestar.
Aunque la actual Carta Política acaba de cumplir 30 años de vigencia, podemos decir que en materia de participación y organización de las comunidades, se encuentra muy débil todavía; eso quiere decir, que no se ha hecho un mayor esfuerzo institucional o no se ha encontrado el apoyo o voluntad política de los gobernantes de turno en estructurar y facilitar los espacios adecuados para que los ciudadanos puedan, a través de las herramientas constitucionales y legales existentes, ejercer los procesos de participación y control en la gestión pública, coadyuvando de esa manera que exista mayor transparencia y aumento de los niveles de eficiencia y eficacia de la administración, sea nacional, departamental, municipal y local.
El compromiso que se solicita hoy a los ciudadanos afiliados y dignatarios de estos organismos comunales, es que sumen las voluntades, esfuerzos y capacidades intelectuales y de trabajo, para diseñar un plan de acción que permita implantar las políticas y estrategias que orienten y articulen los procesos de integración, concertación, modernización y desarrollo para las JAC. Igualmente, proyectarlas al ámbito local, sacándola de ese entorno parroquial donde tradicionalmente se han movido; queriendo con ello que se debe apuntar a la estructuración de procesos pedagógicos hacia la formación de verdaderos ciudadanos, con sentido de pertenencia a su barrio, localidad y la ciudad en general.
Todo esto implica que las juntas comunales deben replantear su organización y estructura administrativa, apropiándose de elementos modernos y eficientes para crear los instrumentos necesarios que coadyuven un mejor trabajo de frente a la comunidad, sin descuidar los tres principios básicos de la organización social: autonomía, democracia y solidaridad; impulsando con ello, los procesos de participación ciudadana e identificar y solucionar sus problemas.
Las JAC, con el tiempo que tienen de estar participando en dichos procesos de desarrollo comunitarios, han obtenido muchos logros, pero también poseen muchas debilidades; situación que se refleja actualmente en la poca participación y credibilidad entre las comunidades y las esferas gubernamentales. Sin embargo, es la organización cívica, social y comunitaria (ley 743 de 2002) más representativa de los ciudadanos de estratos medios, medio-bajo y bajos, constituyéndose en el mejor instrumento de paz y convivencia ciudadana. Además, debe proyectarse para que sea un canal directo entre la sociedad civil y los gobiernos locales, en la búsqueda de soluciones prioritarias a las necesidades básicas insatisfechas, que hagan posible solucionar en parte la pobreza reinante.
Es necesario recordarles a los próximos dignatarios de las JAC que sean elegidos, también a los responsables de las dependencias de las administraciones, municipal, distrital y departamental; cuáles son las debilidades de esas organizaciones comunitarias, para que asuman el compromiso de trabajar en ellas y se conviertan en fortalezas para su desarrollo.
Aunque hace mucho tiempo se diagnosticaron tales debilidades y se han tratado de corregir con algunas capacitaciones (Conpes 3661 de 2010 ejecutado totalmente por la Esap y, el Conpes 3955 del 31 de diciembre de 2018, falta investigar el % de ejecución) también por algunos entes gubernamentales, en el caso particular el departamento del Atlántico con recursos propios. Sin embargo, todavía se observa en la gran mayoría de las JAC, continúan con los mismas fallas organizacionales y administrativas como: a) pérdida de liderazgos social y sin planes estratégicos; b) desprestigio por prácticas clientelares en épocas electorales; c) frágil autonomía y rigidez en la organización; d) crisis de participación tanto al interior de la organización como hacia la comunidad; e) ausencia de una cultura de proyectos empresarial asociativos; entre otros, que serían largo enumerándolos.
Con los cambios que se propusieron por parte del Ministerio del Interior a partir de la aprobación por el Congreso de la Ley 743 de 2002 y los demás decretos reglamentarios, se quiso estructurar y fortalecer una organización democrática, moderna, participativa y representativa en los organismos de acción comunal. Sin embargo, hay mucho por hacer para lograr una JAC renovada, fortalecida y de verdadera representatividad, con gran poder de liderazgo, innovación e iniciativas, articuladas con la creatividad y el cambio permanente de sus dignatarios y afiliados, para el futuro de los organismos de acción comunal.
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