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Por: Jairo Eduardo Soto Molina
El 20 de junio de 2025 marcará un antes y un después en la historia laboral de Colombia. Ese día, el Congreso aprobó en su etapa final la tan esperada reforma laboral impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Tras dos años de debates, dilaciones y férrea oposición por parte de sectores políticos y empresariales, la reforma fue conciliada y solo espera la firma presidencial para convertirse en ley. Tal como lo resumió un reconocido canal de análisis político en YouTube: “¡PETRO CUMPLIÓ!”:
https://www.youtube.com/live/pByerSOBJ78?si=bPcDyEkntTQw6a7r
Y cumplió, sí. Lo que hace unos años era solo una bandera de campaña hoy es una realidad. Petro prometió dignidad para la clase trabajadora, y lo ha logrado. La reforma incluye la recuperación de recargos nocturnos y dominicales al 100 %, garantías de seguridad social para los aprendices del SENA, y el freno a la tercerización y los contratos a término fijo que por años sirvieron como herramientas de explotación laboral. Por fin, Colombia deja atrás un sistema que pagaba jornales como si estuviéramos en la era feudal.
Pero este triunfo no fue fácil. La oposición —experta en ponerle palos a la rueda— hizo todo lo posible por hundir la iniciativa. Lo intentaron en comisiones, en plenarias, y en medios de comunicación. Sin embargo, hubo un factor que cambió el juego: la amenaza presidencial de acudir a una consulta popular. Esa posibilidad, de llevar directamente al pueblo la decisión sobre su futuro laboral ejerció una presión tan poderosa que terminó desarticulando cualquier estrategia dilatoria. El mensaje fue claro: si el Congreso no legisla para el pueblo, el pueblo legislará por sí mismo.
Los medios lo confirmaron: el Senado votó favorablemente con 57 votos a favor y 31 en contra. El miedo a perder la narrativa política ante una consulta con amplio respaldo ciudadano fue más fuerte que los intereses de siempre. Colombia ya no tolera más injusticias laborales, ni más retórica neoliberal disfrazada de “modernización”.
Esta reforma es, en esencia, un acto de justicia social. Es reconocer que los trabajadores son el corazón de la economía, no piezas intercambiables. Y es también un gesto político valiente, porque desafía los poderes que durante décadas moldearon las condiciones laborales en función del capital, no de la dignidad humana.
Por eso, más allá del acto legislativo, lo que ocurrió el 20 de junio es profundamente simbólico: el Estado colombiano, por fin, se sacude del feudalismo laboral. Y esto no es una exageración. Durante años, miles de trabajadores vivieron sin estabilidad, sin derechos, sin garantías mínimas. Hoy, gracias a esta reforma, podrán comenzar a construir una vida con mayor seguridad, con tiempo digno, con remuneración justa. Se cumplirán los principios de la OIT y declaración internacional de los derechos laborales.
Gustavo Petro no solo ha cumplido una promesa de campaña: ha reivindicado la historia del movimiento obrero colombiano. Y si bien la reforma aún debe enfrentarse a los retos de su implementación, el paso ya se dio. La dignidad dejó de ser un ideal abstracto para convertirse en una política pública concreta.
La oposición podrá seguir gritando, pero ya es tarde. Los trabajadores no volverán a ser vasallos. Colombia está construyendo, con esfuerzo y decisión, un país en donde el trabajo se respeta, y la dignidad no se negocia.
Tomémonos un tinto, seamos amigos, Sigan siendo felices, Jairo les dice.
Este artículo es de completa responsabilidad del autor: Jairo Eduardo Soto Molina, Doctor en ciencias Humanas, UNADE
