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Por: Redacción
El Decreto 1098 de 2025 marca un hito en la historia de la educación y la cultura en Colombia, al establecer un marco regulatorio que permitirá la creación y fortalecimiento de universidades públicas propias e interculturales, enfocadas en las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, promoviendo la conservación de sus identidades y conocimientos ancestrales.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, continúa consolidando su compromiso con el reconocimiento y la protección de los derechos de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. En línea con los avances del Capítulo Étnico del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, y en el marco del acompañamiento y concertación de la Comisión Pedagógica Nacional, esta iniciativa busca garantizar un sistema educativo más inclusivo, intercultural y que respete la diversidad cultural del país.
El 18 de octubre de 2025, se publicó el Decreto 1098 de 2025, un paso histórico que resulta fundamental para la transformación de la educación superior en Colombia. Este decreto establece las bases normativas para la creación, fortalecimiento y reconocimiento de universidades públicas de carácter especial, propias e interculturales, diseñadas especialmente para la formación integral, la investigación y la contribución al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.
Este avance representa un hito en la historia del país, ya que reafirma el papel crucial de los Consejos Comunitarios, al reconocer su autoridad para crear sus propias Instituciones de Educación Superior. La medida no solo busca fortalecer la autonomía, la reparación histórica y la recuperación de saberes ancestrales que han sido vulnerados a lo largo del tiempo, sino también la preservación de las culturas, lenguas y tradiciones, que son fundamentales para la identidad de estas comunidades y para la diversidad cultural de Colombia.
Esta normativa no solo representa un avance en el campo educativo, sino que también constituye un acto de justicia social y cultural que impulsa la transformación social, la protección de identidades y el respeto por la pluralidad de Colombia, en línea con los compromisos del Gobierno Nacional para promover un país más inclusivo, diverso y reconciliado con sus propias raíces.
