Telatiroplena.com, periodismo serio, social y humano
Por: Jairo Eduardo Soto Molina, Doctor en ciencias Humanas, Investigador social
“El poder no se mantiene por la fuerza de las armas, sino por la obediencia de quienes las empuñan.”
— Hannah Arendt
La gran pregunta que hoy recorre América Latina no es si Estados Unidos tenía la capacidad técnica para capturar a Nicolás Maduro, sino por qué nadie dentro de Venezuela lo impidió. No hubo radares que alertaran, ni defensa antiaérea activada, ni un solo disparo que encendiera las alarmas del país. Nada. El silencio fue absoluto. Y cuando el silencio es total en un Estado que presume control total, la explicación no puede ser técnica: es política.
Durante años, el régimen venezolano construyó una narrativa de fortaleza impenetrable. Sistemas militares rusos y chinos, discursos permanentes sobre la “amenaza imperial”, ejercicios militares televisados, desfiles, simulacros y una retórica de soberanía blindada que presentaba al Estado como inexpugnable frente a cualquier agresión externa. Ese relato no solo buscaba disuadir enemigos externos, sino también sostener la obediencia interna mediante la idea de un poder omnipresente y cohesionado. Sin embargo, cuando llegó el momento crítico, todo ese andamiaje se desvaneció sin resistencia.
Los ejércitos no se apagan solos. Los radares no fallan todos al mismo tiempo. Las cadenas de mando no se evaporan por accidente. Las órdenes no se pierden en el aire. En sistemas altamente jerarquizados, la ausencia de reacción no es un error: es una señal. Alguien decidió no actuar. Y en política, la inacción también es una decisión. A veces, la más reveladora de todas.
En los regímenes autoritarios, esa decisión suele marcar el principio del fin. No ocurre cuando el enemigo ataca desde afuera, sino cuando el líder deja de garantizar poder, protección o futuro a quienes lo sostienen. Los sistemas cerrados no colapsan por sorpresa; colapsan por desgaste interno, por fracturas silenciosas, por lealtades que se enfrían sin necesidad de pronunciamientos públicos. No defender no es exactamente lo mismo que traicionar, pero el resultado práctico es idéntico: el líder queda solo. Y cuando el poder se queda solo, pierde su capacidad de intimidar, de ordenar y, sobre todo, de sobrevivir.
La imagen del búnker ayuda a entenderlo. ¿Por qué Maduro no estaba resguardado en uno? Porque los búnkeres solo sirven cuando hay lealtad absoluta. El concreto no protege cuando el miedo cambia de bando. El poder real no reside en las paredes, ni en los misiles, ni en los sistemas de defensa importados, sino en las personas dispuestas a defenderte cuando el riesgo es máximo. Esta vez, no apareció nadie. Ni el aparato militar, ni los servicios de inteligencia, ni las estructuras que durante años se presentaron como incondicionales. El silencio de las Fuerzas Armadas fue, en sí mismo, un mensaje político.
Ahora bien, es imprescindible condenar el intervencionismo militar y la aplicación extraterritorial de las leyes imperialistas. La reciente decisión de la administración estadounidense de elevar la calificación de Nicolás Maduro a “terrorista” y al llamado Cártel de los Soles a “organización terrorista internacional” no es un simple gesto retórico. Abre un precedente peligroso que legitima capturas fuera de jurisdicción, juicios en suelo extranjero y la imposición selectiva de un orden legal global profundamente asimétrico, donde el derecho se convierte en instrumento de poder y no en garantía de justicia.
La historia latinoamericana conoce bien este guion. Ya se ha aplicado antes con otros “enemigos internacionales”, desde Manuel Antonio Noriega hasta Osama Bin Laden, bajo la lógica de que el poder imperial se arroga el derecho de juzgar y castigar más allá de cualquier soberanía nacional. Aplaudir este tipo de acciones, incluso cuando el objetivo es un régimen autoritario, es abrir la puerta a un precedente que mañana puede volverse contra cualquier país del Sur global. Hoy es Venezuela; mañana puede ser cualquier otro Estado incómodo para los intereses hegemónicos.
Pero condenar el intervencionismo no significa aceptar sin crítica las narrativas fabricadas por una oposición venezolana entreguista, que ha preferido construir relatos espectaculares antes que diagnósticos políticos serios. El llamado “Cártel de los Soles”, convertido en una categoría omnipresente, funciona más como un recurso mediático que como una herramienta analítica rigurosa. Su reiteración constante recuerda más al guion de una telenovela de Telemundo —El señor de los cielos— que a un análisis estructural del poder en Venezuela.
Esto no implica negar la corrupción, el deterioro institucional o la connivencia de sectores del Estado con economías ilegales. Implica algo más elemental y necesario: no confundir propaganda con explicación. Las acusaciones formales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentadas en 2020 y acompañadas de recompensas millonarias, forman parte de una estrategia política y geopolítica. No son el resultado de un proceso judicial imparcial ni de un tribunal internacional independiente. Convertirlas en verdad absoluta solo empobrece el debate público y refuerza la lógica del espectáculo punitivo.
Lo ocurrido con Maduro no huele a derrota militar. Huele a abandono de poder. Estados Unidos mostró fuerza, sí. Pero el mensaje más potente no vino del cielo, vino del suelo venezolano: un régimen que no fue defendido por quienes debía proteger. Y eso dice mucho más sobre la crisis interna del poder que sobre la eficacia externa del intervencionismo. Ninguna operación es verdaderamente “quirúrgica” si no encuentra previamente un cuerpo político debilitado, fracturado y sin consensos internos.
Los gobiernos autoritarios no caen cuando los atacan desde afuera; caen cuando dejan de ser sostenidos desde adentro. Cuando la lealtad se erosiona, cuando el miedo deja de ser eficaz, cuando el costo de defender supera al beneficio de obedecer. En ese punto, cualquier operación externa parece limpia, rápida y precisa, no por su tecnología, sino por el vacío político que encuentra. La resistencia no desaparece por casualidad; se evapora cuando ya no hay razones para sostener el poder.
Esta lectura resulta incómoda para todos. Para el chavismo, porque revela que el poder no se sostiene indefinidamente con discursos, aparatos represivos y enemigos externos. Para la oposición venezolana, porque su dependencia de narrativas ajenas la vuelve funcional al mismo imperialismo que dice combatir. Y para América Latina, porque recuerda que la soberanía no se pierde únicamente por invasión, sino también por descomposición interna del poder, por la ruptura del vínculo entre Estado, instituciones y sociedad.
Hay una lección más profunda que conviene no ignorar: cuando un Estado que presume control total cae sin resistencia, no estamos ante una hazaña militar, sino ante una crisis de legitimidad. La legitimidad no se decreta, no se impone con armas ni se simula con propaganda. Se construye —y se pierde— en la relación cotidiana entre poder, instituciones y ciudadanía. Cuando esa relación se rompe, el poder queda expuesto, desnudo, vulnerable ante cualquier actor externo.
En política, a veces la ausencia de resistencia dice más que mil batallas. Y lo que ocurrió con Nicolás Maduro, más que una captura espectacular o una operación cinematográfica, fue la evidencia de un poder que ya no tenía quién lo defendiera. Ese abandono, más que cualquier misil, dron o sanción, es el verdadero signo de una crisis histórica que Venezuela —y América Latina— todavía está lejos de resolver.
“Ningún régimen cae cuando lo atacan; cae cuando deja de ser creído.”
— Yoyito Sabater
