Por: Jairo Eduardo Soto Molina, Doctor en ciencias Humanas, Post Doctor en Alta Dirección y tecnología, Investigador social
“La conciencia crítica comienza cuando somos capaces de exigir a nuestros líderes la misma coherencia que reclamamos a sus adversarios”. —Jairo Eduardo Soto Molina
Hay momentos en que la coherencia política se mide por la capacidad de formular preguntas incómodas a quienes hemos acompañado. Defender un proyecto de transformación social exige conservar el juicio propio, especialmente cuando las denuncias comprometen a sus figuras más representativas. Mi posición parte de esa responsabilidad: rechazar la manipulación política y exigir esclarecimiento pueden y deben sostenerse al mismo tiempo.
Las denuncias de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro plantean un asunto que merece investigación rigurosa: el presunto uso de contratos públicos a cambio de relaciones sexuales. Petro ha negado ese intercambio. Según la información periodística disponible, las autoridades adelantan actuaciones para esclarecer los señalamientos y examinar la documentación contractual. Esa distinción entre denuncia, investigación y responsabilidad demostrada debe orientar cualquier discusión seria.
El interés público está en establecer si existió una utilización indebida del poder y de los recursos del Estado. La intimidad entre personas adultas merece respeto; una eventual intervención sobre la contratación para obtener beneficios personales merece escrutinio. Confundir estos planos favorece tanto el espectáculo moralista como la defensa evasiva.
Una imagen íntima, por sí sola, no demuestra un intercambio contractual. Tampoco la existencia de contratos permite concluir automáticamente que fueron una contraprestación sexual. Es necesario establecer vínculos, decisiones, intervenciones y circunstancias mediante pruebas sometidas a contradicción. La gravedad de una acusación obliga a investigar con mayor rigor, no a reemplazar la investigación por la certeza emocional de las redes.
Pero el respeto por la presunción de inocencia tampoco nos autoriza a despreciar a quien denuncia. Escuchar con seriedad, proteger frente a amenazas y permitir que las autoridades examinen las pruebas son responsabilidades compatibles con el derecho de defensa. La dignidad de las personas debe sostenerse durante todo el proceso, incluso cuando sus versiones se contradigan.
Desde una perspectiva ética e intercultural, el problema exige examinar las condiciones en que las personas se relacionan. La autonomía tiene una dimensión concreta: depende también de las posibilidades materiales de elegir, disentir y retirarse. Cuando una relación íntima coincide con diferencias considerables de poder político, estabilidad económica o acceso al empleo, corresponde preguntar cómo operan esas desigualdades.
Esto no significa que toda relación desigual carezca de consentimiento. Significa que el consentimiento merece ser comprendido en su contexto. ¿Puede una persona rechazar una propuesta sin temer por sus ingresos? ¿Existe dependencia respecto de quien puede facilitar una oportunidad laboral? ¿Se han mezclado expectativas personales con decisiones institucionales? Estas preguntas no anticipan culpabilidades: ayudan a identificar aquello que requiere esclarecimiento.
Aquí el análisis de género necesita dialogar con el de clase. La precariedad contractual puede reducir los márgenes de decisión de una persona, mientras la influencia política puede ampliar extraordinariamente los de otra. Un proyecto que aspira a combatir la desigualdad tiene una responsabilidad especial frente a cualquier señalamiento de aprovechamiento de esas condiciones.
Si se comprobara que un dirigente utilizó su influencia sobre la contratación para obtener favores sexuales, estaríamos ante una contradicción profunda con los principios de emancipación y dignidad que el progresismo reivindica. El lenguaje de la justicia social perdería credibilidad allí donde sirviera de cobertura para reproducir relaciones de subordinación.
Por eso me preocupa la facilidad con que una parte del debate reduce todo a una frase: eran adultos. Ser adulto no elimina la posibilidad de sufrir presiones, dependencias o abusos. También me preocupa la operación contraria: atribuir a una mujer una incapacidad absoluta para decidir. Reconocer su agencia y examinar las relaciones de poder son tareas que pueden sostenerse juntas.
También es necesario cuestionar aquellas posturas que convierten la perspectiva de género en una presunción automática de culpabilidad masculina y de victimización femenina. Ser mujer no vuelve infalible un testimonio, del mismo modo que ser hombre no constituye prueba de abuso. Atribuir de antemano a una parte toda la capacidad de dominar y a la otra únicamente la condición de víctima puede reproducir el paternalismo que se pretende superar: desconoce la autonomía de las mujeres y sustituye el examen de situaciones concretas por identidades convertidas en veredictos. Una perspectiva feminista comprometida con la igualdad debe permitir escuchar seriamente a quien denuncia, examinar las relaciones de poder y contrastar las pruebas sin convertir ninguna de esas obligaciones en una condena anticipada. La protección frente a la violencia y el respeto por las garantías procesales se fortalecen mutuamente.
La misma exigencia debe aplicarse a quienes convierten estas denuncias en armas partidistas. La defensa de las mujeres se vuelve selectiva cuando depende de la identidad política del señalado. Quien exige esclarecimiento para un adversario debe mantener esa exigencia ante un aliado. De lo contrario, la indignación termina funcionando como una estrategia de oportunidad.
Sin embargo, los posibles intereses de quienes difunden una denuncia no determinan su verdad o falsedad. Una acusación puede ser utilizada políticamente y, aun así, requerir investigación. Denunciar su instrumentalización no resuelve los hechos. Para cuestionar una campaña mediática hay que examinar sus procedimientos; para esclarecer una posible irregularidad hay que examinar sus pruebas.
A mi juicio, el problema más profundo atraviesa las diferencias ideológicas y políticas: es la persistencia de un pensamiento colonial que naturaliza jerarquías y concede a determinadas personas mayor autoridad, credibilidad y libertad que a otras. Esa lógica aparece cuando alguien considera que su posición económica, su prestigio o su investidura le otorgan derechos sobre la voluntad ajena; también cuando una colectividad decide que la palabra del dirigente vale más que la de quien carece de poder. Ninguna filiación política inmuniza frente a estas prácticas: pueden reproducirse en organizaciones conservadoras, liberales o progresistas si sus estructuras premian la obediencia y castigan el cuestionamiento. Esta interpretación no demuestra las acusaciones de un caso particular, pero ofrece un criterio para examinar las condiciones que permiten el abuso y el encubrimiento. Descolonizar la política exige transformar esas relaciones y reconocer a cada persona como sujeto de derechos, capaz de consentir, disentir y reclamar sin someterse a una autoridad supuestamente incuestionable.
La crítica decolonial que hemos desarrollado en el ámbito educativo propone una interculturalidad crítica capaz de cuestionar la reproducción del colonialismo lingüístico y cultural (Soto Molina & Méndez Rivera, 2022). Extender esa pregunta al ejercicio político implica examinar quién tiene autoridad para hablar, qué voces reciben credibilidad y qué prácticas convierten las diferencias en relaciones de subordinación.
Los medios también tienen una responsabilidad. Elegir titulares, repetir imágenes y privilegiar determinados aspectos de un caso influye en la conversación pública. Cuando la atención se concentra en el detalle íntimo, las preguntas sobre contratación, responsabilidades y garantías pueden quedar relegadas. La ciudadanía recibe entonces un espectáculo abundante en insinuaciones y pobre en elementos para comprender.
La ética de la comunicación exige resistir esa degradación. Difundir material íntimo añade una exposición que no equivale necesariamente a esclarecer responsabilidades públicas. La discusión puede avanzar mediante información contrastada, documentación y seguimiento institucional, sin convertir los cuerpos en mercancía del enfrentamiento político. Desde mi trabajo sobre el currículo intercultural he situado la formación humana en relación con el mundo cultural al que pertenece la persona (Soto Molina, 2008). Trasladada al debate público, esta perspectiva invita a examinar cómo nuestras pertenencias y lealtades influyen en el juicio, y a cultivar una autonomía que permita cuestionar incluso a quienes representan nuestras convicciones.
Como educador, encuentro aquí una cuestión de formación ciudadana. Necesitamos aprender a distinguir entre un indicio y una prueba concluyente, entre una interpretación y un hecho acreditado, entre la solidaridad y la obediencia. También debemos reconocer que el pensamiento crítico pierde su sentido cuando solo se aplica a los adversarios.
La conciencia ética se revela en la capacidad de mantener un principio cuando hacerlo incomoda a nuestro propio grupo. Resulta fácil reclamar transparencia frente a quienes rechazamos. La prueba más exigente aparece cuando debemos reclamarla a quienes representan nuestras esperanzas.
El progresismo necesita esa madurez. Su horizonte colectivo debe permitirle escuchar denuncias, corregir prácticas y exigir responsabilidades sin experimentar cada pregunta como una amenaza a su existencia. Una causa que depende del silencio de sus integrantes termina debilitando su capacidad transformadora.
Mi compromiso con la justicia social me lleva a exigir una investigación diligente, independiente y respetuosa de las garantías de todas las partes. Me lleva también a rechazar la humillación de quien denuncia, las condenas anticipadas y la pretensión de convertir una afinidad política en certificado de inocencia.
Podemos defender reformas, cuestionar intereses económicos y denunciar campañas de desprestigio mientras pedimos que se esclarezca una posible utilización indebida del poder. La vida democrática exige atender varias responsabilidades a la vez. Ninguna agenda de transformación debería necesitar que una pregunta legítima permanezca sin respuesta.
La lealtad que considero valiosa admite el desacuerdo y conserva la conciencia. Acompañar una esperanza colectiva implica cuidar los principios que le dan sentido, incluso frente a sus dirigentes. Ningún liderazgo puede valer más que la dignidad que prometimos defender.
Referencias conceptuales:
Soto Molina, J. E. (2008). El currículo intercultural bilingüe: La naturaleza humana integrada a su mundo cultural. Cooperativa Editorial Magisterio.
Soto Molina, J., & Méndez Rivera, P. (2022). Decolonial approach to the intercultural bilingual curriculum: From theory to practice. Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía, 15(1), 281–310. https://doi.org/10.15332/25005421.6352
“Descolonizar la política exige dejar de tratar al dirigente como dueño de la verdad y a los demás como sujetos obligados a obedecer”. —Jairo Eduardo Soto Molina
