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Por: Juan Martínez Gutiérrez, MBA
Urgencia y Tesis
El fantasma del sesgo metodológico y la manipulación política ha acechado las elecciones colombianas por años. ¿Quién no ha presenciado el debate post-electoral, donde los resultados reales desmantelan el edificio de predicciones construido sobre encuestas con dudosa fiabilidad de los datos? Esta desconfianza se cristaliza cuando observamos la abismal divergencia entre los resultados de sondeos publicados casi simultáneamente. Piénsese, por ejemplo, en el reciente choque entre las mediciones del Centro Nacional de Consultoría (CNC) y Polimétrica, cuyos números no solo difieren en márgenes considerables, sino que sugieren escenarios políticos completamente opuestos.
Este clima de confusión e instrumentalización es lo que ha llevado a la reciente promulgación de la Ley No. 2494 de 2025. Esta nueva normativa busca ponerle orden a la “encuestitis” crónica que padece el país. La Ley 2494 de 2025 es un paso necesario hacia la transparencia y la rendición de cuentas, pero corre el riesgo inminente de volverse un mecanismo burocrático que intimide la investigación seria y confine la libertad de prensa. Es una cura con efectos secundarios potencialmente graves.
El Problema, la Evidencia y las Medidas Clave
El principal problema que busca corregir la ley es la opacidad metodológica. La gran pregunta que queda en el aire cuando se comparan los datos del CNC y Polimétrica (o cualquier par de encuestadoras disímiles) es: ¿cómo es posible que, midiendo la misma realidad, arrojen cifras tan distantes? La respuesta, casi siempre, se esconde en el muestreo, la ponderación o el tipo de recolección (presencial vs. telefónico). Hasta ahora, era común que las encuestas se divulgaran sin una información mínima que permitiera al ciudadano y al analista juzgar su rigor, abriendo la puerta a la manipulación de narrativas electorales.
La Ley 2494 ataca esto exigiendo requisitos estrictos, siendo dos de las medidas más importantes:
* Transparencia Metodológica Detallada: Se obliga a las firmas a publicar simultáneamente con la encuesta su margen de error, el tipo de muestreo, el tamaño de la muestra, el sistema de ponderación y la identidad de quien la financia.
* Régimen Sancionatorio: Se establecen multas y sanciones claras para las firmas que incumplan estos requisitos, buscando profesionalizar y responsabilizar a las encuestadoras.
El Peligro de la Burocracia y el Censor
Si bien la búsqueda de la transparencia es loable, la crítica se fundamenta en el potencial efecto paralizante de la regulación.
El primer argumento en contra es el de la burocratización de la verdad. El nivel de detalle exigido y la amenaza constante de sanciones costosas crearán un ambiente donde solo las grandes firmas, con equipos legales y contables robustos, podrán operar. Esto marginará a los centros de investigación universitarios, a los startups de datos y a las iniciativas periodísticas independientes, limitando la pluralidad de voces y enfoques. La regulación excesiva no solo eleva los costos, sino que disuade la investigación, restringiendo de facto la libertad de investigación y de prensa.
El segundo argumento es la ineficacia en la práctica. El verdadero problema no es solo la publicación de la metodología, sino la interpretación malintencionada o sesgada que los medios o los políticos hacen de encuestas incluso rigurosas. La ley puede regular el producto, pero no puede regular la ética con que se presenta ese producto al público. El ciudadano común puede seguir siendo engañado por titulares sensacionalistas, incluso si la ficha técnica está legalmente publicada y enterrada en el texto.
Matiz y el Impacto en el Ecosistema
La ley tiene un aspecto positivo innegable: protege al electorado al convertir la transparencia metodológica en un requisito legal y no en una simple cortesía. Ahora, cualquier ciudadano tiene una herramienta legal para exigir la ficha técnica completa y un organismo al cual acudir para denunciar el fraude estadístico. Esto es un avance contra el “todo vale”.
Sin embargo, el impacto práctico para las entidades encuestadoras será inmediato y profundo: la mayoría tendrá que reestructurar sus procesos de divulgación, invirtiendo más en cumplimiento normativo que en innovación. Para el ciudadano común, el efecto podría ser contraproducente: al saturarlo con información técnica compleja (muestra, ponderación, desviación estándar), se corre el riesgo de generar una fatiga informativa que lo lleve a ignorar por completo las encuestas, perdiendo los pocos beneficios informativos que estas ofrecen.
La Vigilancia como Herramienta
La Ley 2494 de 2025 es el intento del Estado por introducir orden en el caos de los datos electorales que firmas como CNC y Polimétrica han simbolizado. Hemos pasado de una absoluta libertad que degeneró en libertinaje, a una regulación que amenaza con ser sofocante.
El espíritu de la ley es correcto, pero su letra es riesgosa. La verdadera legitimidad de los resultados no vendrá de la coerción legal, sino de la autorregulación ética. Es una llamada a la vigilancia ciudadana para que se use esta ley no como un palo para castigar, sino como una lupa para exigir rigor.
El verdadero desafío de la democracia no es prohibir las encuestas dudosas, sino enseñarle al ciudadano a leerlas.
