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Por: Juan Martínez Gutiérrez, MBA
La reciente Resolución 0813 de 2026 del Ministerio de Salud ha encendido las alarmas no solo en los despachos jurídicos, sino en los púlpitos y comunidades de fe de todo el país. Al ampliar el acceso a la muerte anticipada, la normativa plantea un desafío directo a la cosmovisión cristiana, que entiende la vida como un préstamo divino y no como una propiedad absoluta del individuo.
Los beneficios de la resolución enmarcados dentro de las libertades civiles, y desde una óptica estrictamente legal y secular, se presentan como un avance en la protección del ciudadano al plantear compasión ante el sufrimiento, buscando aliviar padecimientos que la medicina ya no puede curar, otorgando al paciente el control sobre el final de su existencia; y además claridad en las reglas de juego porque al definir protocolos estrictos para los comités interdisciplinarios, se intenta evitar que la decisión sea tomada de forma apresurada o bajo coacción.
Pero es importantísimo el riesgo visto desde la perspectiva cristiana, para quienes la vida es un don sagrado; para el mundo cristiano -católico, evangélico y protestante-, la resolución introduce una ruptura profunda con principios fundamentales. El debate no es solo legal, es sobre la esencia misma de la humanidad, veamos:
La doctrina cristiana sostiene que el ser humano es administrador, no dueño, de su vida. Bajo esta premisa, la eutanasia se percibe como una usurpación de la soberanía de Dios sobre el inicio y el fin del ciclo vital. Existe el riesgo de que la sociedad pierda el sentido del “carácter sagrado” de la persona.
Diversos líderes cristianos advierten que esta resolución puede fomentar una mentalidad donde la vida solo es valiosa mientras sea productiva o esté libre de dolor. El riesgo es que los ancianos o enfermos mentales lleguen a sentirse como una “carga” social o económica, viendo en la eutanasia una salida impuesta por la presión del entorno.
Desde la fe, la respuesta al sufrimiento no es la muerte, sino el acompañamiento. El sector cristiano preferiría que el Estado priorice una Ley de Cuidados Paliativos robusta que refleje el mandato bíblico de cuidar al enfermo, asegurando que nadie pida morir por soledad o por falta de control del dolor.
Preocupa profundamente que la resolución limite la autonomía de las instituciones de salud con principios cristianos. Al obligar a todos los centros a garantizar el procedimiento, se pone en jaque la libertad de misión de hospitales que fueron fundados precisamente para defender la vida en todas sus etapas.
La Resolución 0813 de 2026 nos coloca frente a un espejo incómodo. Mientras el marco legal colombiano avanza hacia una autonomía cada vez más amplia, la voz cristiana actúa como una conciencia colectiva que recuerda que el valor de una persona no reside en su salud o autonomía, sino en su dignidad intrínseca. El verdadero progreso de una nación no debería medirse por qué tan fácil es acceder a la muerte, sino por qué tan eficaz es el sistema para brindar consuelo, esperanza y cuidado digno a quien más sufre.
