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Por: Álvaro Del Castillo Arquitecto
Fuente: EL PAIS. 26 junio de 2026.
El reciente terremoto de magnitud 7,1, registrado el pasado 24 de junio de 2026 en el centro de Venezuela, con epicentro en las cercanías de Montalbán, constituye un nuevo llamado de atención para toda América Latina. Nuestra región hace parte de un territorio con alta actividad tectónica, donde los movimientos sísmicos no son hechos excepcionales sino fenómenos naturales recurrentes.
Los terremotos no pueden evitarse ni predecirse con exactitud. Sin embargo, sí es posible disminuir considerablemente sus consecuencias mediante una adecuada planificación urbana, edificaciones diseñadas bajo normas sismorresistentes y, sobre todo, desarrollando una verdadera cultura de prevención.
La conciencia sísmica es mucho más que conocer qué hacer durante un temblor. Es un compromiso ciudadano e institucional que comprende educación, preparación, simulacros, mantenimiento de las edificaciones, planificación urbana y el estricto cumplimiento de las normas técnicas de construcción. En una región donde la actividad sísmica es constante, la prevención debe convertirse en una política pública permanente y en una responsabilidad compartida entre el Estado, los profesionales del sector y la ciudadanía.
La historia reciente ofrece importantes lecciones. El devastador terremoto de magnitud 8,8 ocurrido en Chile el 27 de febrero de 2010, uno de los más fuertes registrados en la historia moderna, tuvo una duración cercana a cuatro minutos en las zonas próximas al epicentro. A pesar de su extraordinaria intensidad, la gran mayoría de las edificaciones modernas resistieron gracias al estricto cumplimiento de la normativa antisísmica chilena.
Sin embargo, el terremoto también dejó importantes enseñanzas. Edificios relativamente nuevos, como el emblemático Alto Río en Concepción, colapsaron de manera catastrófica, mientras que otras edificaciones, entre ellas Alto Arauco, Centro Mayor y la Torre O’Higgins, sufrieron daños estructurales tan severos que posteriormente debieron demolerse. Estos casos evidenciaron que incluso una excelente reglamentación pierde eficacia cuando existen errores de diseño, deficiencias constructivas o fallas en la supervisión técnica.
El ingeniero civil Osvaldo Del Castillo, especialista en ingeniería estructural, explica que los sismos entre 7,0 y 7,9 en la escala de Richter son considerados terremotos mayores, capaces de ocasionar graves daños en extensas zonas, mientras que los eventos superiores a magnitud 8,0 alcanzan un nivel catastrófico, con capacidad de destruir poblaciones cercanas y generar severos impactos a cientos de kilómetros del epicentro. Estas características hacen indispensable que las edificaciones sean concebidas para proteger la vida humana y no únicamente para soportar cargas estáticas.
En Colombia contamos con un sólido marco normativo para reducir el riesgo sísmico. La Ley 400 de 1997 y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), particularmente en su Capítulo A.10, establecen los criterios para evaluar la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones existentes. La obligatoriedad de realizar estos estudios depende del uso, la importancia y las características de cada inmueble.
Las Edificaciones Indispensables o de Atención a la Comunidad (Grupo III), como hospitales, estaciones de bomberos, instituciones educativas, sedes gubernamentales y demás infraestructuras esenciales para la atención de emergencias, están obligadas a realizar evaluaciones de vulnerabilidad sísmica y, cuando los resultados lo indiquen, ejecutar los correspondientes reforzamientos estructurales. Estas edificaciones deben permanecer operativas inmediatamente después de un terremoto, pues de ellas depende la capacidad de respuesta del Estado frente a una emergencia.
Las Edificaciones de Ocupación Especial (Grupo II), como teatros, escenarios deportivos, centros comerciales, auditorios y estructuras destinadas al almacenamiento de sustancias peligrosas, también pueden estar sujetas a estudios de vulnerabilidad cuando las autoridades competentes determinen que el nivel de riesgo así lo exige, debido a la alta concentración de personas o a las consecuencias que podría generar un eventual colapso.
En cuanto a las Viviendas y Edificaciones Residenciales (Grupo I), la legislación colombiana no establece una obligación general para realizar estudios de vulnerabilidad sísmica en las construcciones existentes. No obstante, esta evaluación se convierte en un requisito cuando se proyectan ampliaciones, modificaciones estructurales o cambios en el uso de la edificación, como ocurre al transformar una vivienda en un hotel, un establecimiento comercial o una institución de servicios. En estos casos, la seguridad estructural deja de ser una recomendación para convertirse en una obligación legal.
El Reglamento NSR-10 también clasifica el territorio colombiano en zonas de amenaza sísmica baja, intermedia y alta, definiendo para cada una las exigencias de diseño estructural, la ductilidad de los elementos y las especificaciones de los materiales que deben emplearse para garantizar un comportamiento adecuado durante un sismo.
Existe la percepción equivocada de que construir con criterios sismorresistentes incrementa excesivamente el costo de una obra. No obstante, la realidad técnica demuestra que la inversión adicional es moderada frente a los beneficios que representa en términos de seguridad.
Sobre este aspecto, el ingeniero civil Osvaldo Del Castillo precisa:
“El costo estructural en zonas de amenaza sísmica baja, media o alta varía principalmente por el incremento en el refuerzo de acero (As), la resistencia del concreto (f’c) y la ductilidad exigida por la norma. En zonas de amenaza sísmica baja, el costo estructural representa entre el 18 % y el 22 % del valor total de la obra. En zonas de amenaza sísmica alta, este rubro puede incrementarse entre un 8 % y un 15 % adicional, debido al mayor refuerzo de vigas, columnas, muros y cimentaciones requerido para garantizar la seguridad de la estructura.”
Fuente: Análisis Comparativo de las Implicaciones Económicas entre la NSR-98 y NSR-10
Este incremento no debe interpretarse como un sobrecosto, sino como una inversión en protección de vidas humanas y patrimonio. La ingeniería moderna ha demostrado que el objetivo de una estructura sismorresistente no es evitar completamente el daño durante un evento extremo, sino impedir el colapso de la edificación y permitir que sus ocupantes puedan evacuar de manera segura.
Ninguna norma, por rigurosa que sea, produce resultados si no existe un estricto control sobre su cumplimiento. Las licencias urbanísticas, la revisión independiente de los diseños estructurales, la supervisión técnica de las obras y el control de calidad durante la construcción deben asumirse como responsabilidades éticas y profesionales, más que como simples requisitos administrativos.
Desde la arquitectura, la ingeniería y el urbanismo también existe un compromiso ineludible. Las ciudades deben planificarse considerando los riesgos geológicos, evitando el crecimiento sobre terrenos inestables, zonas susceptibles a deslizamientos o suelos con condiciones geotécnicas desfavorables. La gestión integral del riesgo debe incorporarse desde la planificación territorial hasta el último detalle constructivo.
Asimismo, resulta indispensable evaluar y reforzar miles de edificaciones construidas antes de la entrada en vigencia de las normas sismorresistentes. Cada edificio vulnerable representa un riesgo potencial para sus ocupantes y para la comunidad. La prevención siempre será más económica que la reconstrucción y, sobre todo, infinitamente menos costosa que la pérdida de vidas humanas.
El terremoto ocurrido en Venezuela debe entenderse como una advertencia para todos los países de la región. No basta con reaccionar cuando la tierra tiembla; debemos construir ciudades más resilientes, fortalecer la cultura de la prevención y garantizar que las normas técnicas se cumplan sin excepciones.
