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Por: Rodney Castro Gullo
Tan pronto nacemos, somos acreedores de los derechos humanos. Todos tenemos acceso a ellos, sin importar la raza, el credo, el sexo, la edad, o la condición social. Protegen la dignidad de las personas, son inalienables, universales, sagrados e imprescriptibles. Su reconocimiento el 10 de Diciembre de 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas, sin duda alguna, es uno de los hitos más relevantes de la historia de la humanidad.
No obstante, la vigencia de estos derechos nos corresponde revalidarla en todo momento, proclamarlos y reclamarlos, ya que el peligro de perder la vida es constante, el incremento de la violencia de todo tipo, y los actos de barbarie como las masacres a poblaciones civiles inocentes, se hacen cada vez más comunes en nuestro territorio.
En Colombia, de acuerdo al informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el año anterior, se evidenció una persistencia de altos niveles de violencia que generaron violación a los derechos humanos. La tasa nacional de homicidios fue de 25 por cada 100 mil habitantes; lo que indica la existencia de un nivel de violencia endémica. Se registraron 36 masacres, que implicaban la muerte de 133 personas, y que era hasta entonces, la cifra más alta desde 2014, pero que ya fue superada en el 2020, período en el que se cuentan a la fecha, 45 masacres.
La falta de acceso a la justicia, sigue siendo un desafío que propicia la impunidad y facilita la continuación de ciclos de violencia. Es menester establecer una presencia integral del Estado en todo el territorio nacional; sobre todo en las zonas rurales, donde la ausencia institucional es evidente. Avanzar en la implementación de todos los capítulos del Acuerdo de Paz, especialmente, en lo atinente a esas zonas, ayudaría mucho.
Y, aunque el asunto de los derechos humanos se presenta como un importante reto para los entes territoriales, lo cierto es, que defenderlos en Colombia sigue considerándose una labor de alto riesgo. En el 2019 se documentaron 108 casos de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 30, pertenecían a juntas de acción comunal, que son el primer espacio de participación política en las zonas rurales, en particular para la promoción del desarrollo y de los derechos humanos. De los 108 casos, el 75% ocurrió en zonas rurales y el 86%, en municipios con índices de pobreza multidimensional superior a la media nacional.
Por lo anterior, se urge a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, que prioricen en las medidas de protección colectiva en sus instrumentos de planeación, tales como planes de desarrollo y planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, asignando los recursos correspondientes. Asimismo, a responder de manera rápida y efectiva, las recomendaciones contenidas en las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Esperamos que los cambios de administración en la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, puedan ayudar a que Colombia avance de manera decidida, en la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, un pendiente que no termina de consolidarse en nuestro País y que sigue costando vidas.
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