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El jueves, con la Comisión de la Verdad y autoridades regionales fue firmado el Pacto y Proclama para la No Repetición de la Violencia

En un encuentro que reunió de manera virtual a más de un centenar de líderes sociales de la región, se firmó el Pacto por la no repetición de violencias en el Caribe colombiano, en el marco del proceso ‘Ruta del Cimarronaje’, que se desarrolla entre la Comisión de la Verdad y unas 200 organizaciones sociales de la región y que acoge el clamor de las comunidades afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras, para reivindicar sus derechos. Con la presencia, a manera de testigos, del comisionado de la Verdad, Leyner Palacio; y del secretario del Interior de la Gobernación del Magdalena, José Humberto Torres; y, virtualmente, de los representantes de las Alcaldías de Ponedera, Cartagena y de Turbaco; las Personerías de varios municipios, así como el acompañamiento de un grupo de lideresas sociales de los municipios de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Sucre, Cesar, La Guajira y Córdoba se hizo la firma del Pacto en Barranquilla.

En este se constituyó el compromiso para el esclarecimiento, reconocimiento, convivencia y no repetición de los hechos violentos que azotaron la región durante el conflicto y que nuevamente se repiten.

En la Proclama anexa al Pacto, las comunidades negras y raizales señalan que la construcción de una paz estable, duradera “y transformadora hay que perseguir, judicializar, desestructurar todas las organizaciones criminales y formas de violencia en el territorio, formar un estado legal conocedor y respetuoso del territorio, de los activos patrimoniales y culturales de la comunidad”.

El Pacto y la Proclama son resultado inicial de los encuentros y mesas de trabajo comunitarias realizados en diversos municipios del Caribe, y se incorporarán al informe final de la Comisión, previsto para este mes de noviembre.

La firma de este Pacto y el lanzamiento de la Proclama tienen como objetivo lograr la acción comprometida de todas las instancias garantes de los derechos constitucionales, tales como la Defensoría, Procuraduría, Personerías, así como en el orden administrativo las Alcaldías, Gobernaciones, Ministerios, y la las Unidades de protección y reparación de víctimas, entre otras.

En ese marco, las comunidades negras representadas en el encuentro y firma de este Pacto, proclamaron, entre otras peticiones “generar rutas específicas para la reparación integral de las afectaciones causadas a la comunidad negra, afro, raizal y palenqueras con base en las normas legales vigentes, así como el daño causado y su repercusión; darle aplicabilidad a la ley anti tramite en los procesos de reparación y restitución; y principalmente realizar una restitución de tierras con garantías efectivas y reales de no repetición”.

En este mismo sentido se pronunciaron varias líderes y lideresas presentes, que con sus experiencias señalaron que “el conflicto está atravesado por la pertenencia y propiedad de tierras, ya que para la comunidad negra la tierra hace parte de su identidad, y los desplazamientos forzados causan violencia física, sicológica y social, ya que destruyen la pertenencia y el tejido histórico y ancestral”.