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Por: Norman Alarcón

Recientemente el alcalde distrital de Barranquilla, Jaime Pumarejo, propuso la creación de un fondo especial para modernizar la infraestructura eléctrica de la Costa Atlántica y aliviar las pérdidas eléctricas en los siete departamentos de la región en un lapso de tiempo de cuatro a cinco años. También para desarrollar planes de normalización de redes PRONE (para barrios subnormales) y mejorar redes eléctricas internas de las viviendas. Asimismo, solicitar al Gobierno Nacional la devolución de activos eléctricos estratégicos para la región, como la generadora Gecelca, la transmisora Transelca y la hidroeléctrica de Urrá.

La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en el Atlántico concuerda con que se requieren cuantiosos recursos para mejorar la infraestructura eléctrica regional que deben provenir del Presupuesto General de la Nación y del Fondo Nacional de Regalías Mineras para que no afecten las tarifas a los usuarios residenciales, oficiales y del sector empresarial, además de las inversiones a que están obligadas a ejecutar las empresas AIR-E y AFINIA, a condición de no cobrarlas vía tarifas en forma anticipada como lo vienen haciendo, para lo cual es necesario la derogatoria y/o modificación del régimen especial tarifario contenido en las Resoluciones de la CREG 010 de 2020, 078 y 079 de 2021, que han elevado los cobros en forma descomunal, quitándole el pan de la boca a millones de costeños. Para esto se puede utilizar el artículo 126 de la Ley 142 de 1994 que permite reversar las alzas de tarifas eléctricas cuando “lesionan injustamente los intereses de los usuarios”.

Para resolver la crisis eléctrica en la Región Caribe es necesaria la voluntad política del Gobierno Nacional y el cumplimiento de los compromisos adquiridos al calor de la campaña electoral del año 2022.

Es importante avanzar en la concreción de un consumo mínimo vital gratuito de energía de mínimo 200 kilovatios hora mensuales para los estratos más vulnerables, sin cobros prepagos que elevarían la cantidad de hogares desconectados. Además de la necesidad de modificar la normatividad tarifaria actual que permite altísimas utilidades a las empresas del sector.

Se hace necesario que el Gobierno Nacional establezca una Mesa de Concertación Regional con las fuerzas vivas de la Costa para acordar estos compromisos urgentes.

Nota: El contenido de este artículo, es opinión y conceptos libres, espontáneos y de completa responsabilidad del Autor. LIGA NACIONAL DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL ATLÁNTICO