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Por: Juan Martínez Gutiérrez, MBA
La firma del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 marca un punto de inflexión sin precedentes en la historia económica reciente de Colombia. Al declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, el Gobierno Nacional reconoce lo que muchos analistas venían advirtiendo: un déficit fiscal asfixiante de $16,3 billones que amenaza con paralizar el aparato estatal. Sin embargo, más allá de las cifras macroeconómicas, el corazón de esta crisis late con fuerza en un sector vital: nuestro sistema de salud.
El decreto no solo es un grito de auxilio fiscal; es el reflejo de un sistema sanitario que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. La norma destina una parte sustancial de su justificación a la incapacidad de la Nación para cumplir con el flujo de recursos hacia las EPS e IPS, mencionando obligaciones contractuales que superan los $5,1 billones. En este escenario, la emergencia no es solo una herramienta jurídica, es un intento desesperado por evitar el colapso de la atención básica de millones de colombianos.
El derecho a la salud como rehén fiscal
La columna vertebral del sistema de salud en Colombia depende del flujo oportuno de los Presupuestos Máximos. El Decreto 1390 deja claro que, sin estas facultades extraordinarias, el Estado no podría garantizar el pago de servicios y medicamentos que no están financiados por la UPC (Unidad de Pago por Capitación).
Para el ciudadano de a pie, esto se traduce en una incertidumbre peligrosa: ¿Habrá entrega de medicamentos de alto costo en enero? ¿Podrán los hospitales públicos y privados mantener sus nóminas si el giro directo se detiene por falta de caja? La mitad de este decreto es, en esencia, un plan de salvamento sanitario. El Gobierno busca, mediante decretos legislativos, priorizar el pago de deudas acumuladas con las IPS para evitar un cierre masivo de servicios de urgencias.
Impuestos “saludables” y nuevas fuentes de financiación
Un aspecto polémico y central del decreto es la creación y ajuste de impuestos específicos con destinación a la salud. El Gobierno apunta a los vapeadores, cigarrillos electrónicos y el fortalecimiento de los gravámenes a bebidas alcohólicas y ultraprocesados.
Si bien la intención es loable —desincentivar el consumo de sustancias nocivas y recaudar fondos—, surge la duda de si estas medidas son suficientes para tapar el hueco fiscal. La salud no puede depender únicamente de “impuestos al vicio” en medio de una emergencia económica. Se requiere una reestructuración profunda de cómo se distribuye el riesgo financiero entre el Estado y los prestadores del servicio.
El riesgo de la excepcionalidad
No podemos ignorar que esta declaratoria pasará por el riguroso examen de la Corte Constitucional. El gran desafío del Ejecutivo será demostrar que la crisis actual es un hecho sobreviniente y no una consecuencia de una gestión presupuestal deficiente durante el año. Si la Corte tumba el decreto, el sistema de salud quedaría en un vacío legal y financiero aún más profundo, con deudas reconocidas pero sin el mecanismo jurídico para pagarlas de inmediato.
Conclusión
El Decreto 1390 es una apuesta de alto riesgo. Poner la salud como el escudo principal de la emergencia económica es un reconocimiento de que el sistema ya no aguanta más parches. La pregunta que queda en el aire es si estas medidas extraordinarias lograrán estabilizar las finanzas de los hospitales o si solo serán un calmante temporal para una enfermedad crónica. La salud de los colombianos no puede seguir siendo el fusible que se quema cada vez que las cuentas del Estado no cuadran.
Nota: El presente escrito es de total responsabilidad del autor: JMG
