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Por: Juan Martinez Gutierrez, MBA
El calendario de enero nos ha devuelto una realidad que, aunque incómoda, resulta imposible de ignorar. El pasado 13 de enero conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una fecha diseñada para arrancar el estigma de una enfermedad que el mundo insiste en confundir con una tristeza pasajera. Sin embargo, apenas 24 horas después, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó una alerta técnica que termina de completar un rompecabezas alarmante: el aumento crítico de los trastornos por consumo de drogas en las Américas.
No son hechos aislados. Son, en realidad, dos síntomas de una misma fractura social y sanitaria.
La depresión, que afecta a millones en nuestra región, no siempre se manifiesta como un llanto silencioso en una habitación oscura. A menudo, se disfraza de una búsqueda desesperada por alivio. Es aquí donde la alerta de la OPS del 14 de enero cobra una relevancia aterradora. Al informar que la mortalidad por consumo de sustancias en nuestra región es cuatro veces superior al promedio mundial, la organización nos está diciendo que América no solo está sufriendo más, sino que está muriendo en el intento de evadir ese sufrimiento.
Desde el año 2000, los años de vida perdidos por discapacidad debido al consumo de drogas casi se han triplicado. Este dato no es solo una estadística de laboratorio; es el reflejo de una sociedad que, ante la falta de redes de apoyo psicológico accesibles, encuentra en los opioides, la cocaína o el cannabis un refugio precario. La “automedicación” del dolor emocional a través de sustancias prohibidas es el desenlace lógico de sistemas de salud que siguen tratando la salud mental como un lujo y no como un derecho humano fundamental.
El problema radica en nuestra mirada. Seguimos separando al “enfermo depresivo” del “adicto”, cuando la ciencia demuestra que ambos transitan por rutas neurológicas y sociales entrelazadas. Mientras el mundo se enfoca en las crisis económicas, una pandemia silenciosa devora la productividad y la vida de los ciudadanos. La brecha de tratamiento en las Américas es abismal: ocho de cada diez personas con un trastorno mental o por consumo de sustancias no reciben atención adecuada.
Es hora de que los gobiernos dejen de responder a la crisis de sustancias únicamente con políticas de seguridad y comiencen a responder con salud pública. Necesitamos que la atención a la depresión y la prevención de adicciones se integren de forma real en la atención primaria. No basta con iluminar edificios de azul o verde una vez al año; se requieren presupuestos que reflejen la magnitud del desastre que la OPS acaba de documentar.
La depresión y el consumo de drogas son las dos caras de una misma moneda: la desesperanza. Si no somos capaces de ofrecer a nuestra población herramientas para gestionar su dolor psíquico, seguiremos asistiendo, año tras año, al reporte de cifras que solo confirman nuestro fracaso como sociedad protectora. La alerta ha sido dada; el silencio ya no es una opción.
