Por: Jairo Eduardo Soto Molina, Doctor en Ciencias Humanas, Post Doctor en Alta Dirección y tecnología, Investigador social.

“La verdad es de este mundo; se produce en él gracias a múltiples coacciones.” — Michel Foucault, Microfísica del poder.

Hay momentos en la vida universitaria en los que guardar silencio termina siendo una forma de complicidad. Y también hay momentos en que es necesario revisar nuestras propias posiciones, separar los hechos de las narrativas y preguntarnos quién construyó determinadas verdades y con qué consecuencias.

Por eso quiero hacer una precisión fundamental frente al debate suscitado alrededor de la intervención de la Universidad del Atlántico: no considero que aquella intervención haya sido necesaria en los términos en que concluyó justificándose.

Sobre el entonces rector Leyton Barrios se construyó una narrativa según la cual habría presentado documentación falsa. Esa versión adquirió enorme fuerza pública e institucional y, desde nuestra perspectiva, encontró impulso incluso en actuaciones y pronunciamientos provenientes del propio Ministerio de Educación Nacional. Pero una cosa es instalar una sospecha en la opinión pública y otra muy distinta convertirla, sin las debidas garantías y comprobaciones, en una verdad institucional definitiva.

En un Estado de derecho las personas no pueden ser condenadas por narrativas. Las responsabilidades deben establecerse mediante procedimientos competentes, pruebas, derecho de contradicción y decisiones jurídicamente sustentadas. Se los afirmo por conocimiento propio. Y esta exigencia resulta todavía más importante cuando una acusación termina sirviendo de contexto o fundamento para decisiones extraordinarias que afectan la autonomía y el gobierno de una universidad pública.

Por eso hoy la pregunta debe ir más allá de si estuvimos o no de acuerdo con Leyton Barrios. La cuestión verdaderamente importante es otra: ¿existían razones objetivas, suficientes y proporcionalmente graves para intervenir la Universidad, o se terminó legitimando una medida excepcional a partir de una narrativa que debía ser primero plenamente demostrada?

En ese punto es necesario hacer otra claridad. Nuestra posición crítica frente a la intervención no significa respaldar al rector Rafael Castillo Pacheco. Nunca estuvimos de acuerdo con su rectoría ni con la manera como representó el gobierno universitario. Y precisamente allí coincidimos con el profesor José Gabriel Coley Pérez: cuestionar las circunstancias que condujeron a la intervención no significa otorgar legitimidad automática a quienes anteriormente ejercieron el poder. Ya el señor Rafael Castillo Pacheco, era conocido de auto como señala el argot jurídico. Ese es justamente el problema de reducir la historia universitaria a una disputa entre personas.

Lo que vivimos en la Universidad del Atlántico, alrededor de la disputa por la nueva rectoría, se pareció a una guerra civil entre tres facciones pertenecientes, dos paradójicamente, al mismo eje de poder. Un tercero entró y saco las tajadas. En medio de aquella confrontación, nuestra lectura es que el Gobierno de Gustavo Petro, a través del Ministerio de Educación, terminó concentrando sus esfuerzos no en contribuir al desarrollo y fortalecimiento institucional de la Universidad, sino en intervenirla. Y para toda aventura de intervención hacía falta encontrar un protagonista: un pirata sin espada, sin parche en el ojo y famélico de protagonismo, dispuesto a embarcarse en una travesía alentada por sectores puestíferos enquistados dentro del Pacto Histórico, cuyos nombres y apetitos la comunidad universitaria conoce suficientemente. Pero el poder tiene sus propias ironías: es como una barra de jabón mojada; cuando alguien cree tenerla firmemente entre las manos, se le resbala. Y así, entre disputas, alianzas y reacomodos, quien fuera rector, Rafael Castillo Pacheco, terminó fuera de la Rectoría. Una demostración más de que en estas guerras burocráticas los aliados de hoy pueden convertirse mañana en damnificados del mismo juego de poder que alguna vez ayudaron a sostener.

No se trata de escoger entre Barrios, Castillo Pacheco o cualquier otro interventor. Se trata de defender la Universidad.

Una universidad pública no puede vivir saltando de una administración cuestionada a una intervención estatal y de esta a nuevas formas de concentración del poder. Tampoco puede permitirse que las diferencias políticas o administrativas sean transformadas en verdades jurídicas antes de que las instituciones competentes las establezcan.

Resulta inevitable recordar, además, que Danilo Hernández enfrentó cuestionamientos sobre el cumplimiento de los requisitos para ejercer la Rectoría. Entre ellos estuvo el relacionado con la experiencia administrativa exigida por el Estatuto General de la Universidad del Atlántico. En su momento se cuestionó que, para acreditar dicha experiencia, se hubiera presentado una certificación correspondiente a la Escuela Barranquillera de Fútbol, pese a que nuestra interpretación del Estatuto era que la exigencia se refería específicamente a experiencia administrativa universitaria. Precisamente por esa discrepancia promovimos una demanda de nulidad contra el acto administrativo mediante el cual fue designado rector. Sin embargo, Hernández permaneció durante los cuatro años para los cuales fue elegido y, desde nuestra valoración, su gestión terminó siendo una de las más desafortunadas que ha tenido la institución. Lo paradójico es que alrededor de aquellos cuestionamientos no se construyó una narrativa pública ni un escándalo de las dimensiones que sí se levantaron alrededor de Leyton Barrios. Durante aquella administración también se presentaron controversias que merecían un escrutinio público mucho mayor, entre ellas las relacionadas con un proyecto de considerable cuantía vinculado a Redepaz y cuestionamientos sobre determinados nombramientos frente a las disposiciones de la Ley 30 de 1992. Sin embargo, nada de aquello produjo una reacción institucional comparable. Y todos felices. Esa diferencia de trato es precisamente la que obliga a preguntarnos por qué para unos opera implacablemente la maquinaria del escándalo, mientras para otros parecen imponerse el silencio, la indulgencia y la conveniente desmemoria.

Por eso hoy iría incluso más allá de aquella expresión: “Yo pedí la intervención, no al interventor”.

Mi reflexión es diferente: tal vez nunca debimos aceptar como inevitable una intervención construida sobre circunstancias cuya verdad institucional merecía un examen mucho más riguroso.

Y esto tampoco significa absolver anticipadamente a nadie. Significa algo mucho más elemental: exigir pruebas antes que relatos, debido proceso antes que condenas públicas e instituciones antes que personalismos.

La Universidad del Atlántico no necesita salvadores. No necesitaba un rector convertido en dueño de la institución. Tampoco necesita un interventor convertido en nuevo centro del poder.

Necesita recuperar la confianza de profesores, estudiantes, trabajadores y ciudadanía; necesita transparencia, democracia universitaria, mérito, garantías y respeto por la autonomía dentro del marco constitucional.

En ese contexto, respaldamos plenamente al doctor Leyton Barrios, porque consideramos que fue víctima de una patraña politiquera construida alrededor de su nombre y de una narrativa que terminó lesionando su legitimidad antes de que las controversias fueran esclarecidas con todas las garantías. Detrás de aquella embestida vimos actuar lo que, utilizando el lenguaje del boxeo, podríamos llamar una cuerda ávida de poder, figuración y reconocimiento, empeñada en conquistar desde la política lo que nunca logró consolidar mediante el liderazgo académico y el reconocimiento genuino de la comunidad universitaria. Claro ejemplo de cómo una determinada narrativa puede adquirir estatuto de “verdad” cuando está respaldada por relaciones institucionales de poder. El tiempo, finalmente, termina poniendo cada cosa en su lugar: los proyectos edificados sobre la coyuntura, el oportunismo y la disputa por el poder suelen producir administraciones fugaces, incapaces de construir verdadera institucionalidad. Mucho más rodeado de imbéciles. Y frente a lo que vino después, cabe incluso preguntarse —sin idealizaciones y reconociendo que toda gestión es susceptible de crítica— si aquello que se presentó como el problema no terminó siendo, comparativamente, el mal menor.

Porque existe una diferencia enorme entre transformar una institución y simplemente sustituir a quienes mandan en ella.

Para cerrar — Montesquieu:

“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder.” — Montesquieu, Del espíritu de las leyes, Libro XI, cap. IV.

Y si algún aprendizaje debiera dejarnos esta crisis es precisamente ese:

la Universidad no puede cambiar de amo, porque la Universidad no debe tener amos.