Por: Jairo Eduardo Soto-Molina, Ph. D.
Poder, censura simbólica y justicia cognitiva en el Instituto Caro y Cuervo.
«Cuando una institución pretende enseñarnos qué debemos pensar de los escritores, corre el riesgo de olvidar que la literatura existe, precisamente, para enseñarnos a pensar de otra manera». Jairo Eduardo Soto-Molina
Hay una forma particularmente peligrosa de empobrecer la cultura que no consiste en quemar libros, prohibir autores o clausurar bibliotecas. Es más sutil y, precisamente por ello, puede resultar más eficaz: consiste en someter las obras literarias a tribunales morales desde los cuales se determina qué escritores merecen reconocimiento, cuáles deben ser condenados y cuáles necesitan arrepentirse para ingresar nuevamente al territorio de lo aceptable.
La reciente controversia alrededor del Instituto Caro y Cuervo constituye una oportunidad para reflexionar sobre este fenómeno. Su director, Sergio Esteban Vélez, ha provocado una discusión nacional después de divulgar, mediante los canales institucionales, interpretaciones sobre Gonzalo Arango y Andrés Caicedo, dos figuras fundamentales de la literatura colombiana que hicieron de la irreverencia una expresión de inconformidad estética, social y existencial.
Según documentaron Osorio y Reynoso (2026), Vélez presentó la trayectoria de Arango privilegiando su posterior acercamiento a la espiritualidad, mientras interpretó la rebeldía y el suicidio de Caicedo mediante un discurso de advertencia moral. Sus intervenciones suscitaron cuestionamientos entre escritores, investigadores y miembros de la comunidad académica.
El asunto merece una discusión más profunda que la confrontación entre simpatizantes y detractores del funcionario. No estamos solamente ante una polémica literaria. Nos encontramos frente a una pregunta esencial para cualquier sociedad democrática: ¿quién tiene autoridad para determinar el significado legítimo de una obra cultural y desde qué posición puede ejercer esa autoridad?
La literatura no es un confesionario!!!
Gonzalo Arango no necesita que lo absuelvan de haber fundado el nadaísmo. Tampoco necesita que su acercamiento posterior a la espiritualidad sea presentado como una rectificación definitiva de su rebeldía juvenil.
El nadaísmo constituyó una ruptura con las convenciones culturales, religiosas, políticas y literarias de una sociedad profundamente marcada por el conservadurismo y las jerarquías tradicionales. Reducir aquella experiencia a un extravío posteriormente corregido mediante la fe implicaría desconocer la complejidad histórica de un movimiento que transformó profundamente la sensibilidad artística colombiana.
La trayectoria de Arango admite contradicciones, desplazamientos y transformaciones. Justamente en eso reside parte de su riqueza humana e intelectual. Un escritor no tiene la obligación de permanecer toda su vida dentro de una misma interpretación del mundo. Sin embargo, tampoco podemos utilizar sus transformaciones personales para desautorizar retrospectivamente las obras que produjo en determinados momentos de su existencia.
Con Andrés Caicedo ocurre algo todavía más delicado.
Su narrativa, particularmente ¡Que viva la música!, abrió una forma distinta de representar la juventud, la ciudad, los conflictos generacionales y las experiencias culturales asociadas con la música, el cine y la vida urbana. Su obra permitió escuchar voces y sensibilidades que no siempre encontraban reconocimiento dentro de los discursos literarios consagrados.
Interpretar su suicidio como consecuencia de una rebeldía excesiva resulta problemático desde cualquier perspectiva académica rigurosa. La muerte por suicidio constituye un fenómeno complejo, atravesado por circunstancias múltiples que no pueden reducirse a una explicación moral o ideológica.
Podemos lamentar profundamente la muerte temprana de Caicedo sin convertir su vida en una advertencia contra la inconformidad. Podemos reconocer sus contradicciones sin utilizar su sufrimiento para desacreditar la potencia estética de su literatura.
La literatura no tiene que producir santos. Tiene que producir significados, preguntas, experiencias estéticas y nuevas posibilidades de comprensión del mundo.
Confundir el valor de una obra con la ejemplaridad moral de su autor conduciría a una historia literaria empobrecida, donde las contradicciones humanas serían motivo suficiente para descalificar contribuciones artísticas fundamentales.
Una institución cultural no pertenece a sus directivos
Conviene aclarar un aspecto que algunas intervenciones públicas han pasado por alto: el Instituto Caro y Cuervo sí tiene competencias para desarrollar estudios literarios. El artículo 6 del Acuerdo 002 de 2010 contempla expresamente la investigación en filología, lingüística, semiótica y estudios literarios hispanoamericanos (Instituto Caro y Cuervo, 2010).
Por tanto, el problema no consiste en que su director interprete obras literarias. Consiste en determinar cómo esas interpretaciones se presentan públicamente y cuáles son sus implicaciones institucionales.
Un director tiene derecho a pensar, escribir, creer y disentir. Puede interpretar a Gonzalo Arango desde una perspectiva religiosa y a Andrés Caicedo desde una perspectiva crítica. Tales posiciones forman parte de la libertad intelectual.
Pero cuando esas opiniones se difunden mediante los canales oficiales de una institución sostenida con recursos públicos, surge una responsabilidad adicional: distinguir las convicciones particulares del funcionario de las orientaciones académicas de la entidad.
Esta distinción es fundamental porque ninguna institución dedicada a la investigación debería convertirse en instrumento de legitimación exclusiva de las creencias de quien temporalmente la administra.
La controversia ya ha producido reacciones significativas. García (2026) recogió los cuestionamientos de la representante estudiantil Lucía Vanegas sobre la necesidad de reflejar la pluralidad académica en las comunicaciones institucionales. Posteriormente, más de cien egresados solicitaron explicaciones sobre el manejo de esos espacios públicos (El Colombiano, 2026).
No se trata de impedirle hablar al director, sino de garantizar que la autoridad institucional no sustituya el debate académico.
Las universidades, los centros de investigación y las instituciones culturales no fueron creados para producir unanimidad intelectual. Su legitimidad depende, precisamente, de la posibilidad de examinar críticamente incluso las convicciones de quienes ejercen funciones de dirección.
La colonialidad también se reproduce mediante las interpretaciones
Desde la interculturalidad crítica, esta controversia adquiere una dimensión epistemológica más profunda.
Catherine Walsh (2009) ha señalado que la interculturalidad crítica implica cuestionar las estructuras históricas de poder que organizan las relaciones entre culturas y conocimientos. No basta con aceptar que existen interpretaciones diferentes; resulta indispensable examinar quién establece cuáles interpretaciones son legítimas y cuáles quedan subordinadas.
En mi libro Clave decolonial para la enseñanza de las lenguas: Hacia una ciudadanía intercultural bilingüe (Soto-Molina, 2022), he defendido la necesidad de superar aquellos modelos educativos que privilegian una cultura hasta convertirla en medida universal de las demás.
Este principio puede extenderse perfectamente al campo literario.
Cuando una interpretación moral particular se presenta como criterio superior para juzgar una obra artística, existe el riesgo de reproducir una lógica colonial del conocimiento: una perspectiva se instala como centro de legitimación mientras otras experiencias y sensibilidades son desplazadas hacia posiciones inferiores.
No significa que toda interpretación religiosa sea colonial, ni que las perspectivas conservadoras deban excluirse del diálogo. Sería contradictorio reclamar pluralismo académico y negarles participación a determinadas corrientes intelectuales.
Lo que cuestionamos es la pretensión de convertir cualquier interpretación particular en medida obligatoria de las demás.
El hispanismo, por ejemplo, constituye un campo legítimo de investigación histórica, lingüística y cultural. Sin embargo, cuando se transforma en una exaltación excluyente de una supuesta superioridad civilizatoria, puede desconocer la diversidad lingüística y epistemológica que caracteriza a Colombia.
Nuestro patrimonio no comienza ni termina con la tradición letrada hispánica. También está constituido por las lenguas indígenas, los criollos, las oralidades afrocaribeñas, las hablas populares y los repertorios culturales producidos en territorios históricamente marginados.
El Caribe colombiano ofrece una demostración extraordinaria de esa riqueza. Allí, las esquinas, los barrios, las canciones, las conversaciones populares y las expresiones lingüísticas cotidianas producen conocimientos culturales que ninguna academia debería considerar inferiores por el hecho de originarse fuera de sus espacios tradicionales.
La misión de una institución dedicada a las lenguas y las literaturas no debería consistir en establecer jerarquías morales entre esas experiencias, sino en investigarlas, comprenderlas y contribuir a su reconocimiento.
La justicia cognitiva exige proteger la disidencia
Boaventura de Sousa Santos (2014) sostiene que no puede existir justicia social global sin justicia cognitiva. Su planteamiento invita a reconocer que diferentes comunidades producen conocimientos, interpretaciones y experiencias que pueden ser marginados por sistemas dominantes de legitimación.
La literatura irreverente también puede comprenderse desde esta perspectiva.
Los escritores que desafían el orden establecido producen conocimientos sobre las contradicciones de sus sociedades. Sus obras pueden expresar malestar, desencanto, desesperación o inconformidad; pero tales sentimientos no invalidan su contribución cultural.
En ocasiones, justamente aquello que incomoda al poder constituye la dimensión más reveladora de una creación artística.
La rebeldía literaria no garantiza por sí misma profundidad estética o verdad histórica. También debe someterse a examen. Pero tampoco puede descalificarse automáticamente por confrontar valores establecidos.
La crítica literaria exige contextualizar, interpretar, contrastar y argumentar. La moralización, por el contrario, corre el riesgo de reemplazar esos procedimientos por juicios previamente establecidos.
Esta distinción importa especialmente cuando hablamos de instituciones públicas.
La censura simbólica no siempre requiere una prohibición formal. Puede manifestarse cuando determinadas voces son sistemáticamente presentadas como desviaciones, errores o amenazas al orden cultural. Sin embargo, conviene ser rigurosos: las declaraciones controvertidas de un funcionario no demuestran por sí solas que exista una política institucional de censura.
Lo que sí justifican es un debate público sobre los criterios que orientan la comunicación institucional y sobre las garantías necesarias para preservar la diversidad intelectual.
La ética democrática del reconocimiento
Desde mi perspectiva, la ética democrática del reconocimiento exige algo más que tolerar la diferencia: demanda aceptar que el otro tiene derecho a producir significados que no coincidan con los nuestros.
Reconocer a Gonzalo Arango implica comprender su nadaísmo y sus transformaciones posteriores sin utilizar una etapa de su vida para invalidar la otra.
Reconocer a Andrés Caicedo implica estudiar la potencia de su obra, sus contradicciones y su contexto histórico sin reducir su existencia a un juicio sobre su muerte.
Y reconocer al propio Sergio Esteban Vélez significa admitir su derecho a defender sus convicciones, al mismo tiempo que se exige responsabilidad académica y pluralismo en el ejercicio de su función pública.
Esta es la diferencia entre el desacuerdo democrático y la descalificación ideológica.
No necesitamos sustituir una ortodoxia conservadora por una ortodoxia progresista, ni una moral religiosa por una moral antirreligiosa. Necesitamos instituciones capaces de garantizar que ninguna de ellas monopolice el conocimiento.
La autoridad de un investigador no procede de su nombramiento administrativo, sino de la calidad de sus argumentos, del rigor de sus procedimientos y de su disposición a someter sus interpretaciones a la crítica pública.
Quien dirige una institución cultural tiene la oportunidad de ampliar sus horizontes intelectuales. Pero también puede estrecharlos cuando confunde la legitimidad de su cargo con la superioridad de sus opiniones.
La cultura no necesita guardianes de conciencia
La discusión sobre el Instituto Caro y Cuervo debería servir para fortalecerlo, no para debilitarlo. Colombia necesita una institución comprometida con el rigor filológico, la investigación literaria, la diversidad lingüística y el reconocimiento del patrimonio cultural.
Pero ese fortalecimiento exige apertura, deliberación y respeto por la complejidad histórica de las obras.
Ningún escritor debería necesitar absolución moral para ser estudiado. Ninguna corriente literaria debería tener que demostrar fidelidad a una doctrina para merecer reconocimiento. Ninguna institución pública debería convertirse en tribunal de conciencia.
Gonzalo Arango seguirá siendo importante por su capacidad de transformar el lenguaje de una generación. Andrés Caicedo continuará siendo leído porque su literatura convirtió las contradicciones juveniles en una experiencia estética singular.
Sus obras permanecerán abiertas a nuevas interpretaciones, incluso aquellas con las cuales discrepamos profundamente. Esa apertura constituye una de las mayores fortalezas de la cultura.
Porque la literatura no está obligada a reconciliarnos con el mundo: también puede enseñarnos a cuestionarlo.
Y una sociedad que comienza a desconfiar de sus escritores irreverentes corre el riesgo de terminar desconfiando de la libertad misma.
La verdadera grandeza de una institución cultural no consiste en enseñarnos qué debemos pensar, sino en garantizar que podamos pensar libremente, incluso en contra de quienes la dirigen. Jairo Eduardo Soto-Molina
Viernes de Jairo
Referencias bibliográficas
El Colombiano. (2026, 3 de octubre). “La función del instituto no es dogmatizar”: el reclamo de más de 100 egresados del Caro y Cuervo a su director. https://www.elcolombiano.com/colombia/instituto-caro-y-cuervo-polemica-andres-caicedo-y-gonzalo-arango-KF41888938
García, J. F. (2026, 1 de octubre). Representante estudiantil del Caro y Cuervo sobre los videos de Sergio Esteban Vélez: “Necesitamos que la pluralidad se refleje en las comunicaciones institucionales”. Cambio. https://cambiocolombia.com/cultura/articulo/2026/10/representante-estudiantil-del-caro-y-cuervo-sobre-los-videos-de-sergio-esteban-velez-necesitamos-que-la-pluralidad-se-refleje-en-las-comunicaciones-institucionales
Instituto Caro y Cuervo. (2010). Acuerdo 002 de 2010, por el cual se adoptan los estatutos del Instituto Caro y Cuervo. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76738
Osorio, C., & Reynoso, L. (2026, 1 de octubre). Sergio Esteban Vélez, el funcionario poeta que arremete contra la rebeldía en la literatura colombiana. El País. https://elpais.com/america-colombia/2026-10-01/sergio-esteban-velez-el-funcionario-poeta-que-arremete-contra-la-rebeldia-en-la-literatura-colombiana.html
Santos, B. de S. (2014). Epistemologies of the South: Justice against epistemicide. Paradigm Publishers.
Soto-Molina, J. E. (2022). Clave decolonial para la enseñanza de las lenguas: Hacia una ciudadanía intercultural bilingüe. Caimán Editores.
Walsh, C. (2009). Interculturalidad, Estado, sociedad: Luchas (de)coloniales de nuestra época. Universidad Andina Simón Bolívar/Ediciones Abya-Yala.
