
Por: Juan Martínez Gutiérrez, MBA
Hay una escena que se repite cada vez con más frecuencia en algunos centros comerciales de Colombia: un emprendedor apuesta sus ahorros en un local frío, en un pasillo poco transitado o en un complejo recién inaugurado. Durante meses, a punta de calidad, servicio y una estrategia impecable en redes sociales, logra lo que la pauta tradicional de la copropiedad no pudo: poner el lugar en el mapa. Sus clientes hacen fila, etiquetan la ubicación en Instagram y convierten ese rincón en un destino obligado. Entonces, cuando el tráfico finalmente llega y el negocio empieza a respirar, la gerencia del centro comercial decide instalar, tres locales más allá —y peor aún, en mejor ubicación—, a un competidor directo.
Cuando el emprendedor reclama, la respuesta de la administración suele venir envuelta en un barniz de impecable legalidad: “No tenemos cláusulas de exclusividad y aquí rige el libre mercado, la libre competencia”.
El argumento suena irrebatible, pero es jurídicamente tramposo. Confunde la libre competencia con el parasitismo comercial y pretende reducir la relación entre un centro comercial y sus locatarios a un simple alquiler de metros cuadrados, ignorando lo que realmente ocurre en el comercio moderno: la creación conjunta de valor.
En Colombia, aunque no existe una norma que prohíba expresamente el ingreso de nuevos competidores a un complejo comercial, nuestro ordenamiento jurídico tampoco ampara las decisiones formalmente legales que destruyen el esfuerzo ajeno. El libre mercado y la libre competencia no son patentes de corso para el abuso del derecho.
Claro que es posible sancionar a quien abuse de sus derechos, estamos obligados a ejecutar los contratos de buena fe, lo que incluye todo lo que corresponde a la naturaleza de los mismos. Cuando una gerencia vende un proyecto prometiendo un equilibrio comercial, se beneficia del posicionamiento digital de un emprendedor para atraer visitantes y luego introduce un competidor directo para capturar esa misma clientela, no está promoviendo la competencia: está vaciando de contenido económico el contrato del pionero.
A esto se suma el régimen de competencia desleal, pues aprovechar la reputación ajena o facilitar la desviación de clientela mediante conductas contrarias a la buena fe mercantil es ilegal, incluso cuando quien facilita el acto no es un competidor directo, sino un tercero que administra el espacio comercial. Permitir que un nuevo actor se instale a cosechar el público que otro sembró a pulso en sus redes sociales roza peligrosamente la explotación de la acreditación mercantil ajena; la clientela y el good will pertenecen a quien los construye con su trabajo, no a las paredes ni al administrador del inmueble.
Una cosa es el crecimiento orgánico de una oferta comercial y otra muy distinta es la miopía gerencial de utilizar a los emprendedores como “anzuelos” para acreditar un espacio y luego sacrificarlos en nombre de una supuesta libertad económica.
Los gerentes de centros comerciales deben entender que la sostenibilidad de sus activos no depende únicamente de llenar locales vacíos al mejor postor. Depende de la confianza. Y en los negocios, cuando la legalidad formal se utiliza como excusa para desconocer la lealtad comercial, el libre mercado y la libre competencia dejan de ser un motor de desarrollo y se convierten en una puerta giratoria donde nadie vuelve a invertir con convicción.

