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Por: Juan Martínez Gutiérrez, MBA
Al leer el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, Violencia Feminicida en Cifras, desafortunadamente se entiende porque América Latina y el Caribe siguen ostentando un título que ninguna región debería poseer: ser uno de los epicentros globales de la violencia de género más extrema (incluida la violencia sexual). El informe no es solo una recopilación de datos estadísticos; es un grito de auxilio estructurado en porcentajes que esconden historias de vida truncadas por la inacción estructural.
A pesar de los avances legislativos y la visibilidad que los movimientos feministas han ganado en la última década, las cifras revelan una realidad estancada. Miles de mujeres mueren anualmente por el simple hecho de ser mujeres. Lo alarmante no es solo el número absoluto, sino la persistencia de la impunidad. La CEPAL destaca que la mayoría de estos crímenes ocurren en el ámbito privado, a manos de parejas o exparejas, lo que subraya una falla crítica en los sistemas de protección temprana.
Para entender la magnitud del problema, es necesario desglosar los ejes principales que la institución pone sobre la mesa:
- Tasas de Prevalencia: Países de América Latina y el Caribe presentan tasas de feminicidio o femicidio que superan con creces el promedio mundial, convirtiendo la geografía en un factor de riesgo adicional.
- La Carencia de Datos Unificados: Existe una brecha significativa entre la realidad y el registro oficial. La falta de estandarización en cómo se tipifica y se cuenta el feminicidio impide diseñar políticas públicas verdaderamente efectivas.
- Impacto Colateral: El informe pone especial énfasis en los huérfanos del feminicidio, una población invisible que hereda el trauma y la precariedad económica tras la pérdida de sus madres.
No podemos seguir gestionando la violencia de género como un asunto de seguridad doméstica. El feminicidio es un problema de Estado. La CEPAL es clara: sin presupuestos etiquetados, sin sistemas de justicia con perspectiva de género y sin una educación que desmantele la cultura machista desde la raíz, las cifras del próximo año serán un eco doloroso de las actuales.
En toda el área, nueve de catorce países han emitido normativa sobre reparación a cargo del Estado a víctimas indirectas de feminicidios, femicidios o muertes violentas de mujeres por razón de género. Aunque falta muchísimo por hacer, en Colombia, la Ley 2530 de agosto de 2025 “Huérfanos por Feminicidio”, brinda protección a niños, niñas y jóvenes de hasta 25 años e incluye apoyo económico, ingreso preferencial a programas de educación, cultura, salud, acompañamiento psicosocial, deporte y empleabilidad, asistencia legal especializada y prohíbe que los feminicidas administren o acceden a beneficios de las hijas y los hijos de las víctimas.
En nuestro país en 2024 por ejemplo, de 767 homicidios de mujeres, 213 (27.8% fueron calificados como feminicidios), y otro dato tan preocupante o más que éste, es que mientras en 2023 se frustraron 440 tentativas de feminicidio, en 2024 solo se frustraron 133 (apenas el 30%), denotando de alguna manera el descuido del Estado con las mujeres colombianas.
La medición del feminicidio no es una meta en sí misma, sino una herramienta para la reparación y la prevención, y la pregunta que nos deja este informe es incómoda pero necesaria: ¿Cuántas cifras más necesitamos acumular para que la vida de las mujeres sea, finalmente, una prioridad política innegociable? La indiferencia también es una forma de violencia.
